Con todos los ojos puestos en Valencia, una provincia arrasada por el bestial temporal, recién activados los más tristes contadores de muertos y desaparecidos, un Congreso de los Diputados aparentemente a media asta convalidó el miércoles el decreto para cambiar el sistema de mayorías para renovar el Consejo de Administración de RTVE. Lo hizo gracias a los votos de PSOE, Sumar y demás socios del Gobierno. Y con la ausencia de PP y Vox, que abandonaron un pleno extraordinario que tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal consideraron que jamás tendría que haberse celebrado.
Después de que Miguel Tellado, portavoz popular, alzase la voz a la media hora de comenzar una amarga y desconcertante Sesión de Control al Gobierno, la Junta de Portavoces se reunió y decidió suspender la inspección parlamentaria al Ejecutivo. Algo que no frenó las ansias del Gobierno por amarrar un movimiento político de calado, pese a que aún disponía de dos semanas de margen para someter el decreto a convalidación. Fueron 175 los votos a favor que validaron un decreto que tan sólo contó con la negativa de Néstor Rego, diputado del BNG, que se quedó sin trozo de pastel en el pleno extraordinario convocado ad hoc justo después de la suspensión.
"Los diputados no estamos para ir a Valencia a achicar agua", dijo durante la reunión presidida por Francina Armengol la portavoz de Sumar, Aina Vidal, resumiendo la postura de la mayoría progresista en bloque. Control al Gobierno y declaraciones políticas, no; consumar el asalto a RTVE, sí. "Ni una catástrofe con decenas de fallecidos aparta a Pedro Sánchez de su objetivo de control de mediático. Es de las cosas más graves que ha hecho desde que es presidente, una de las más simbólicas, y será difícil que la podamos olvidar", denunciaban a este periódico desde el equipo de Feijóo, anticipando la guerra política soterrada que estaba a punto de desatarse entre el Gobierno y la Comunidad Valenciana.
Para Feijóo, que compareció en el Congreso escoltado por la dirección de su grupo parlamentario antes de partir hacia Letur (Albacete), el movimiento supuso el mayor acto "de bajeza moral" que había presenciado a lo largo de su carrera política. "La principal prioridad del Gobierno es el control de los medios públicos. He visto muchas cosas en política, he presenciado muchos actos de bajeza moral, pero creo que ninguno como este", denunció el líder del PP, que días antes, como ha sabido Vozpópuli de fuentes de Génova, rechazó una oferta del PSOE para incluir consejeros en la lista de 11 presentada por el Gobierno y sus socios.
"Nos plantearon participar en la lista, nos dieron la posibilidad de proponer nombres a cambio de aprobar el real decreto", aseguran a este periódico fuentes del entorno del líder del PP. No obstante, los populares descartaron desde un primer momento la posibilidad y no participaron en una lista más que polémica. Entre los 11 consejeros que formarán la próxima cúpula de RTVE figuran Ángelica Rubio, exasesora de Zapatero y directora de El Plural; Sergi Sol, jefe de gabinete de Junqueras durante el procés; o Ester de la Mata, directora de Comunicación de Félix Bolaños. "El decreto es una barbaridad y jamás lo habríamos aceptado", zanjan en Génova, donde no se llevan las manos a la cabeza por una lista que consideran "consecuente con el sanchismo".
Los cuatro consejeros del Senado
Es la incógnita que falta por resolver: ni en Génova ni en el Grupo Parlamentario Popular despejan si presentarán una propuesta para ocupar los cuatro asientos restantes que corresponden al Senado, cámara que el PP controla gracias a su mayoría absoluta. "No sabemos nada", aseguran tres fuentes populares en el Senado, sin "órdenes de arriba" todavía para activar la tramitación parlamentaria.
Cabe recordar que los nuevos consejeros pasarán a cobrar 105.000 euros de sueldo base más complementos, mientras que desde 2012 hasta ahora cobraban unos 705 euros netos en concepto de dietas por asistir a los plenos del Consejo de Administración. Desde que se conoció el contenido del decretazo, en el PP interpretan este movimiento como una manera imaginativa del Gobierno para "pagar a sus socios" con cargos.
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