Teléfono, luz, agua, gas... son los gastos corrientes que deben afrontar los entes locales, gastos que en no pocas ocasiones terminan de lastrar sus maltrechas cuentas y acaban engordando hasta límites insostenibles. Otras veces es al concejal de turno al que se le va la mano con el uso del teléfono móvil para acumular facturas por más de 200.000 euros en dos meses, como le ocurrió a un edil de Burgos, o más recientemente a uno de Tenerife que gastó 9.634 en teléfono móvil corporativo, eso sí, durante todo 2011. Son casos extremos, que no ocultan un problema real aunque no sean precisamente los ayuntamientos las administraciones más endeudadas de España.
Sin embargo, la Federación de Municipios y de Provincias (FEMP) ha decidido contratar a una asesoría que guíe a los ayuntamientos para reducir sus costes en servicios y suministros, esto es en telefonía y telecomunicaciones, electricidad, agua, gas, servicios informáticos , seguridad, limpieza, según reza la oferta pública lanzada por la Federación. De esa empresa se requerirá la definición de una estrategia plurianual de ahorro, la organización y modernización de los procesos de licitación de proveedores de esos suministros y servicios y el seguimiento de las medidas de ahorro implantadas. Todo ello a través de un contrato de duración máxima de cuatro años.
El adjudicatario deberá destinar además el 3 por ciento de sus emolumentos a la financiación de la FEMP
Quizá lo más llamativo de la iniciativa de la FEMP es la contraprestación económica que recibe la asesoría. Si de lo que se trata es de ahorrar, el adjudicatario percibirá en concepto de sus servicios una cantidad equivalente a un porcentaje máximo del 30 por ciento “del importe del gasto efectivamente reducido”. Y, además, la empresa elegida deberá retribuir con carácter anual a la FEMP el 3 por ciento del gasto que ha conseguido ahorrar a los distintos ayuntamientos que hayan contratado sus servicios, lo que además, sirve para garantizar una vía de financiación paralela y privada al órgano que representa a la mayor parte de los ayuntamientos y diputaciones de España.
La Federación justifica que “como principio general, el municipio que contrate los servicios del adjudicatario a través de la FEMP disfrutará de un precio más ventajoso al que obtendría en caso de proceder a su contratación a través de la entidad adjudicataria directamente”. Las empresas que concurren a esta convocatoria deben estar especializadas en la prestación de servicios en materia económico-financiera y jurídica de las Administraciones Públicas así como acreditar experiencia en la gestión del gasto “mediante la optimización de los procesos de compra y contratación”. No se admitirá esa práctica tan española de la subcontratación sin una autorización expresa de la FEMP.
Deberán acreditar “solvencia económica, financiera, técnica y profesional” y aportar una relación de los principales servicios y trabajos realizados en esta materia en los últimos tres años. Y para asegurar la calidad del servicio, la empresa adjudicataria deberá abonar una especie de fianza, que la FEMP prefiere denominar “garantía” de 3.000 euros, en caso de incumplimiento del contrato.
