La Fiscalía Provincial de Valencia no se opone a que se unan a la causa en la que se investiga un presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de Mónica Oltra correos electrónicos de los investigados, delimitados con tres criterios: temporal (determinados periodos de 2017); material (aquellos que hagan explícita referencia a los hechos denunciados por la víctima o a las actuaciones derivadas de su denuncia) y personal (las comunicaciones entre las personas que aparezcan como actuantes en relación con esa denuncia).
Así consta en un escrito del pasado 22 de julio de la Fiscalía al juzgado ante un recurso de reforma de la acusación ejercida por Gobierna-te contra la negativa inicial del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que instruye el caso y la Fiscalía a una incorporación masiva de comunicaciones.
La Fiscalía ahora no se opone a la estimación "parcial y condicionada" de ese recurso de reforma, en el que se volvía a pedir la incorporación a la causa de la correspondencia por vía electrónica oficial entre los investigados --hay 14, entre ellos, la propia Oltra, que está citada a declarar el 19 de septiembre--.
La acusación aún es "amplia"
El fiscal propone que esa incorporación se realice teniendo en cuenta esos tres criterios. En el caso del temporal, considera que la petición de la acusación es aún demasiado "amplia" y no se ajusta al objeto de la investigación, por lo que sugiere que se limiten los correos que cumplan con el criterio material y personal y que se crucen en las fechas que van de finales de febrero hasta mediados de marzo y de finales de junio a mediados de agosto o finales de noviembre de 2017.
El ministerio público señala que entendiendo la petición de la acusación como "algo acotado en función de determinados criterios", ofrece un "claro potencial desde la óptica, elemental en la investigación, de esclarecimiento de lo ocurrido".
En esta línea, entiende que, solo dentro de estos parámetros temporales, materiales y personales, se puede obtener lícitamente información útil sin poner en peligro injustificadamente la intimidad o el secreto de las comunicaciones y sin que suponga una avalancha de información que impide progresar la investigación.
