La Fiscalía Europea ha interrogado en calidad de investigados a un grupo de jóvenes agricultores canarios por presunto fraude de subvenciones. El órgano, que investiga en unas diligencias si se cometió delito con las ayudas que recibieron desde el Gobierno canario, ya ha tomado declaración a algunos de ellos que aparecen en la denuncia inicial presentada por un funcionario de la Administración.
Así lo confirman fuentes de la investigación a Vozpópuli, las cuáles precisan que parte de estos investigados comparecieron la semana pasada, en concreto el 9 de junio, ante la Fiscalía Europea. Tal y como informó este medio, el órgano abrió diligencias el año pasado por presunto fraude de subvenciones a tenor de una denuncia interpuesta por un funcionario de la Dirección General de Agricultura, que alertó de irregularidades graves con estas ayudas.
En concreto, el 9 de junio comparecieron ante el órgano europeo Tomás C.C y Eva R.N. Los dos integran una lista de peticionarios de ayudas cuyos expedientes eran, según apuntó el funcionario, "de dudosa legalidad". El primero de ellos es natural del municipio de Teguise (Lanzarote) mientras que la segunda de Las Palmas de Gran Canaria.
En relación a Tomás C.C, el funcionario explicó que, junto con otras dos personas, solicitó ayudas simultáneamente al área de Ganadería y también de Agricultura porque al tener la primera de ellas menos presupuesto, de esta forma se garantizaría recibirlas.
"Estado lamentable"
Además, advirtió de que presentó facturación por venta de unos 2.000 kilos de batatas en el año 2019 cuando su plan empresarial era de 10.000 kilos. "Le comunico que, tras la visita de inspección efectuada, ninguna de las parcelas relacionadas en la memoria justificativa están plantadas. No cumple con el plan empresarial", expuso.
Sobre Eva R.N dijo que residía fuera de España y que se habían interpuesto denuncias contra ella ante la Consejería de Hacienda, de Agricultura y también en los juzgados. Estos son dos ejemplos de los muchos que denunció el técnico tras hacer las inspecciones sobre terreno. Su cruzada comenzó en 2019, apenas días después de empezar a revisar los expedientes de los jóvenes agricultores que pedían acogerse a la línea de 'Apoyo para la creación de empresas por jóvenes agricultores".
El funcionario alertó de irregularidades "a sabiendas" como el hecho de que algunos no tenían tierra trabajada ni cultivada o que no se cumplía con lo manifestado en el plan empresarial (obligatorio para poder acceder a estas subvenciones). Además, también expuso que el volumen de negocio declarado en algunos casos no era el real y que uno de los jóvenes tenía a personas jubiladas trabajando en las parcelas.
"Irregularidades a sabiendas"
Destaca, por ejemplo, el expediente de la peticionaria Saray R.M, de la que dijo que el estado de las parcelas era "lamentable en cuanto incumplimientos medioambientales". De Ruiman D.M alegó que no solo no tenía ningún terreno plantado, sino que su régimen de alta de autónomo era de explotación de ganado, siendo su actividad agrícola "insignificante o nula".
De Paulo César A.G anotó que podría haber falsificado un curso sobre residuos y de Raúl E.S advirtió de que su renta agraria en el IRPF del ejercicio anterior, 2018, era de cero euros. En algunos casos pidió además que los expedientes se anularan directamente por incumplimiento tajante de la normativa medioambiental.
Sus valoraciones cayeron en saco roto. De hecho, en octubre de 2019 se dirigió al jefe de Servicio de Estructuras Agrarias, Ricardo González, para transmitirle su "preocupación" por el retraso en los expedientes. "Todavía se encuentran paralizados por la jefa de la Unidad de Gestión de Estructuras Agrarias, Margarita Cabrera, que, desde mi punto de vista, en vez de 'engrasar' adecuadamente los trámites va entorpeciendo y dificultando cada vez más la eficiencia en el trabajo", lamentó.
Además, en sus denuncias apuntó que Cabrera tramitó los expedientes llegando incluso a corregir su criterio en uno de ellos. Según denunció, escribió a mano la palabra "cumple"; dando luz verde a la concesión de esta ayuda europea. Por ese motivo decidió advertir a la inspección y dar parte a la Secretaría General Técnica de las "graves irregularidades" detectadas.
Al respecto dijo que se otorgó en muchos casos la condición de Explotación Agraria Prioritaria pese a sus informes negativos. También apuntó que se certificaron primas a pesar de sus valoraciones e incluso en algunos casos hasta se realizaron "segundas inspecciones" por personal laboral de su Consejería que no tenía poder vinculante.
La responsable de este departamento, Bienvenida Reyes Ojeda, le respondió pidiéndole más información y él remitió documental y fotografías de sus inspecciones. Se da la circunstancia de que Reyes Ojeda acaba de ser citada como testigo en la causa del tito Berni que investiga presuntos amaños de ayudas y subvenciones gracias a la influencia de los políticos de la trama, liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
La Guardia Civil y la OLAF
Ante la inacción de Reyes Ojeda y de su departamento, el funcionario dio un paso más y presentó denuncias ante la Oficina Europa de Lucha contra el fraude (OLAF), la Guardia Civil, la Fiscalía de Las Palmas y, en último lugar, la Fiscalía Europea.
En su escrito a la Guardia Civil, por ejemplo, expuso que tanto Cabrera como González ignoraron sus valoraciones y no solo eso sino que había puesto en conocimiento del tema al director general de Agricultura, José Basilio Pérez Rodríguez. "Se trató por parte de la Jefatura de Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural que se aprobasen la mayor cantidad posible", evidenció.
Además, avisó de que prácticamente la totalidad de los planes empresariales en la provincia de Las Palmas fueron realizados por Antonio Valentín Brito, de quien dijo que era "amigo" del anterior director General de Agricultura, César Martín. "Muchas veces todo era copiar y pegar al voleo hasta que los valores fuesen los exigidos" por la orden de 2016 por la que se aprobaron las ayudas.
De todos los entes a los que se dirigió, el único que actuó fue la Fiscalía Europea. Según la documental a la que ha tenido acceso este medio, el órgano que representa en España la fiscal Concepción Sabadell abrió diligencias en 2022 ante la posible comisión de un fraude de subvenciones.
Se trata del órgano competente para investigar los hechos ya que las subvenciones recogidas en esta línea provienen de fondos europeos. Al respecto requirió al denunciante para que aportara la documental sobre los expedientes relativa al "presunto uso ilícito" de estas subvenciones que gestiona el Servicio de Estructuras y Desarrollo Rural del año 2017. Tras analizar todo este material, las dos fiscales asignadas al caso han citado a declarar como investigados a los beneficiarios de las ayudas, los cuáles están compareciendo en la sede madrileña de la Fiscalía Europea.
