La Fiscalía de Madrid ha vuelto a solicitar que se confirme el auto del juzgado que investiga la gestión de Podemos que archivó la investigación sobre las obras en la sede de Podemos, insistiendo en que no existe “ningún indicio” de delito de administración desleal ni de falsedad documental.
La Fiscalía ya se pronunció así en febrero, después de que en enero el titular del Juzgado de Instrucción número 42, Juan José Escalonilla, archivara la investigación sobre las obras que se hicieron en la sede central de Podemos, al no apreciar delito de apropiación indebida, en un escrito en el que sí proponía mantener al partido como investigado en la causa por el contrato firmado por Neurona de cara a las elecciones de 2019.
Ahora el Ministerio Público responde al recurso de apelación interpuesto por la asociación Prolege, personada como acusación en la causa, contra el citado archivo, en el que el colectivo recordaba que el procedimiento se inició por denuncia del exabogado del partido José Manuel Calvente en la que aseguraba que las obras del inmueble de la calle Villaespesa habían sido adjudicadas “a dedo”, incumpliendo las normas internas del partido.
Según la denuncia el precio de adjudicación fue de 1.361.055 euros, cuando el de licitación había sido de 649.936 euros.
"Desfase entre el proyecto y la ejecución"
La Fiscalía advierte de que los testigos interrogados "han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución, desfase por otro lado frecuente en la ejecución de obras".
Insiste en que no aprecia "ningún indicio" sobre la existencia de un delito de administración desleal.
“El tipo penal castiga los excesos en la administración que causen un perjuicio patrimonial sin que resulte de las diligencias practicadas que los gerentes de la sociedad hayan infringido sus facultades o ni siquiera la existencia de un perjuicio patrimonial. Más aun, el propio arquitecto declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras", explica.
Añade el Ministerio Público que "no deja de extrañar que quien ejerce la acusación popular en este procedimiento en el que figura como investigado el partido político Podemos vele por los intereses del propio partido al considerarlo como perjudicado en su patrimonio cuando ni el propio perjudicado se considera como tal".
También alude la Fiscalía a la petición de un informe pericial para acreditar la existencia del delito de administración desleal a fin de determinar si los precios se ajustaban a condiciones de mercado.
Y concluye que la petición de un informe pericial para acreditar la existencia del delito de administración desleal, a fin de determinar si los precios se ajustaban al mercado, no tiene sentido porque "no tiene más objeto que mantener la investigación en relación a estos hechos".
