La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el auto del magistrado de Tsunami Democràtic en el que imputa por delito de terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y otra decena de personas. El Ministerio Público considera que la plataforma radical no cometió ni terrorismo y dice que los indicios contra el expresidente catalán son "insuficientes y escasos".

Tal y como informó Vozpópuli en junio, la Fiscalía descarta la comisión de delitos cuya investigación compete a la Audiencia Nacional. En concreto, considera que ni se puede aplicar terrorismo ni organización criminal a las actuaciones de Tsunami Democràtic. Al respecto sostiene que los hechos que se llevan investigando en este órgano desde 2019 serían constitutivos de delito de desórdenes públicos graves, toda vez que se ha derogado la sedición.

La Fiscalía recurre el auto del magistrado Manuel García Castellón del pasado lunes en el que imputó al líder de Junts y a la 'numero dos' de ERC por sus vínculos con la plataforma radical. Frente al criterio del juez, que sostiene que la Guardia Civil ha apuntalado los indicios contra todos ellos, la Fiscalía responde que dichos indicios son "escasos e insuficientes" en lo que respecta a Puigdemont.

"No hay organización criminal"

El recurso, que deja en manos de la Sala el futuro de la causa, es especialmente duro con el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en tanto que expone que algunos de sus apuntes "no resultan totalmente ajustados a la realidad". "No hay ningún dato que permita sostener la existencia de una organización criminal", reza el recurso que firma el fiscal de la causa, Miguel Ángel Carballo.

El mismo sostiene que las barricadas en la AP-7 cerca de Francia o el colapso del aeropuerto de El Prat se pueden subsumir en un delito de desórdenes públicos graves pero no de terrorismo. Al hilo descarta por "inverosímil" que se le pueda atribuir a la docena de investigados la muerte de un turista francés que se encontraba en el aeropuerto en el momento de los hechos.

"Tsunami Democràtic se trata de un banderín de enganche que generó una actuación global de diversos colectivos y sectores diferentes, es decir, una actuación coral carente de cualquier elemento de connivencia y organización y en todo caso de suma espontánea a tal movilización. Ello es ajeno a la calificación jurídica de grupo u organización criminal", alega la Fiscalía en su recurso.

La financiación de Suiza

Para la Fiscalía, el movimiento que nació tres meses antes de la sentencia del procés no es más que "un mero perfil de Twitter"; una plataforma que distribuyó consignas entre los que participaron en las turbas. "Entiende este Ministerio que, indiciariamente, ni hay el número de personas necesarias para la constitución de la organización criminal ni todos los hechos que se imputan a la actuación de Tsunami tienen estrictamente carácter delictivo", razonan.

Únicamente las protestas ocurridas en el Prat, donde los manifestantes lograron paralizar la actividad del aeropuerto provocando pérdidas que superaron los 2 millones de euros, se habrían celebrado con una "ideación delictiva".

Sobre la financiación del movimiento la Fiscalía descarta que haya pruebas empíricas de lo que se hablaba en sus grupos de comunicación. La Guardia Civil apuntó a una donación de 6.000 francos por parte del banquero suizo Nicola Foglia y habló también de la campaña de donativos impulsada para sufragar las acciones, si bien la Fiscalía explica que no consta en ningún momento que la cantidad que ofreció el banquero fuera "entregada".

Sin indicios contra Puigdemont

En relación a las imputaciones acordadas a comienzos de semana por el magistrado instructor, la Fiscalía responde que el empresario vinculado a ERC Oriol Soler y el diputado autonómico de esta formación Rubén Wagensberg "serían los más claramente implicados"; sin perjuicio, no obstante, de que solo se les pudiera atribuir la redacción de los comunicados y estar al tanto de lo que se iba produciendo.

Resulta cuanto menos ingenuo que a una persona prófuga de la Justicia se le ofrezca la posibilidad de comparecer voluntariamente ante este tribunal

De Puigdemont dice que el magistrado le dedica una "mínima, aunque escasa, motivación". Cabe recordar que el instructor le imputó a tenor de una conversación incautada con el empresario Josep Campmajó que acreditaría que estaba al tanto de las acciones violentas de la plataforma y también a raíz de unas anotaciones de Josep Lluís Alay, mano derecha suya, que recogerían una reunión de Puigdemont en Ginebra para estudiar el inicio de la actividad de Tsunami.

"Lo que se deduce precisamente es que si hay que informar a Puigdemont de los perfiles de la campaña es que no está al tanto de ella y no ha participado en su elaboración", responde el recurso. Además, la Fiscalía cuestiona la oferta del juez a Puigdemont de que declare voluntariamente antes de cursar el suplicatorio al Parlamento Europeo. "Resulta cuando menos ingenuo, que a una persona prófuga de la Justicia se le ofrezca la posibilidad de comparecer voluntariamente", indica.

Sobre Marta Rovira sostiene la Fiscalía que no está acreditado "en absoluto" que desarrollase las labores de coordinación que le atribuye la Guardia Civil. "Las actuaciones que se le atribuyen carecen de toda entidad delictiva, más allá de su simpatía o apoyo a la plataforma Tsunami Democràtic. Su participación en la reunión de Ginebra y su intervención en diversos chats en los que coincide con alguno de los investigados no acredita mayor participación", concluye.

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