La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha incoado diligencias preprocesales como consecuencia de la denuncia presentada contra Más Madrid por presunta financiación irregular. El Ministerio Público ha dado traslado al Departamento de Partido Políticos del órgano fiscalizador para que valore si los hechos denunciados por una facción de esta formación son noconstitutivos de infracción de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.
Según consta en un escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Vozpópuli, las diligencias se incoan a tenor de una denuncia presentada por Recupera Madrid en la que se afirma que la formación que lidera Mónica García obligó a trabajadores contratados por el partido a donarle parte de sus retribuciones mediante una cuota mensual.
La denuncia de estos exmiembros de Más Madrid recogía que estas actuaciones vulneraban la normativa de financiación de partidos políticos ya que se les obligaba a efectuar estas donaciones impuestas incluido también a personal contratado por el partido y a los vocales vecinos. Por ello, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas Manuel Martín Granizo, da traslado de su informe y de la documental que obra en el expediente a la presidenta del órgano para que ésta, a su vez, la remita al Departamento de Partidos Políticos.
Su pronunciamiento se produce después de que, a comienzos de mes, la escisión de Más Madrid denunciara al partido ante el Tribunal de Cuentas por supuesta financiación irregular con este sistema de donaciones. Junto con su denuncia, aportaron también una serie de documentos, capturas de pantalla y mensajes, a los que ha tenido acceso este medio, y que vendrían a probar la imposición desde la cúpula del partido a efectuar estos pagos mensuales.
Donaciones limitadas por Ley
Esta imposición quedó recogida en una carta financiera en la que se obligaba al personal del grupo municipal a contribuir a los ingresos del partido con una aportación del 10% de su salario bruto. Este porcentaje ascendió luego al 13%, lo que provocó que algunos de los 'donantes' mostraran su disconformidad no solo con el cupo sino también con la gestión económica del partido.
La aportación del 13% de la retribución es condición sine qua non para acceder al cargo de vocal vecino. En el momento es de carácter obligado deja de considerarse una donación
Del mismo modo avisaron de la presunta ilegalidad de la acción ya que una donación a un partido político ni puede ser finalista (es decir, conocerse su destino final) ni tampoco ser de carácter obligado, porque entonces deja de entenderse como unan donación. Así, en la documental incorporada a la denuncia recogían la queja de uno de los 'donantes' que denunció que la aportación del 13% de la retribución era condición sine qua non para acceder al cargo de vocal vecino.
El motivo de este pago obligado (por el que ya se enfrentaron a la dirección la facción ligada a Manuel Carmena) reside en la deuda que habría contraído Más Madrid durante la campaña de las generales de 2019. La directora de la misma y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, autorizó más de medio millón de euros de gastos en campaña, según los denunciantes. Su previsión era saldar la deuda con los buenos resultados de los comicios, sin embargo, éstos no fueron los esperados.
Despidos ilegales
En consecuencia, y ante la inacción de las candidaturas presentadas en otras partes de España, se acordó por parte de la directiva de esta formación que se efectuara un pago obligado impuesto a vocales vecinos, asesores, concejales y diputados. Algunos vocales de Recupera Madrid se revolvieron contra esta decisión alegando que era una deuda contraída desde Más País, no Más Madrid, y que no les competía a esta facción asumir semejante deuda.
El resultado fue su cese (justificado por la dirección como pérdida de confianza) y el posterior pronunciamiento de la Justicia declarándolo ilegal. Primero seis vocales de los distritos de Salamanca y Carabanchel y luego otros del barrio de Tetuán tres lograron por la vía de lo Contencioso que se declarase ilegal su cese. En el último fallo la juez explicó que se habían vulnerado sus derechos por negarse a cumplir la nueva carta financiera.
La sentencia recogió que el cese (que los denunciantes calificaron de purga) infringía lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Constitución el cual establece que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en las elecciones periódicas por sufragio universal”.
