La Fiscalía estudiará caso por caso la aplicación de las restricciones que acuerden los gobiernos autonómicos, de manera que no establecerá un criterio general del actuación, ya que quiere que esa posición la fije cuanto antes el Tribunal Supremo, que desde el 9 de mayo tendrá la ultima palabra.
Fuentes fiscales han informado a Efe de que la Fiscalía General del Estado no impondrá un mismo criterio de actuación en todas las comunidades cuando le toque presentar sus informes ante los decretos con las medidas restrictivas que adopten los gobierno regionales. Se irá caso a caso, sin atender a un criterio general y sí particular de cada comunidad autónoma en función de su situación epidemiológica y la coyuntura del momento, añaden las fuentes.
No obstante, la Fiscalía aspira a que no se llegue a esta situación en que se tenga que pronunciar en diversas ocasiones sobre restricciones iguales en cada región, porque confía en que el Tribunal Supremo despeje el panorama jurídico mucho antes.
Es más, el Ministerio Público espera que el alto tribunal se pronuncie cuanto antes ya que eso facilitará las cosas a todos los actores implicados en la tramitación de los decretos autonómicos.
No obstante, la reforma aprobada por el Gobierno no ha sentado bien en el Supremo. El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, ha alertado a Efe del "déficit importante" que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema".
"Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos", dice Tolosa, que ya se ha reunido con los cuatro presidentes de sección de la misma Sala con el fin de preparar la aplicación de la reforma del Gobierno, porque es posible que los primeros recursos no tarden en llegar, lo que llevará a la Fiscalía a posicionarse sobre las medidas.
La Fiscalía vasca se opone
Es el caso de País Vasco. La Fiscalía de la comunidad ha sido la primera en expresar su rechazo a la posibilidad de que la región mantenga el cierre perimetral y el toque de queda nocturno tras finalizar el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ya ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ su informe sobre el borrador de decreto que plantea el Gobierno Vasco, en el que considera que no es posible limitar derechos constitucionales como la libre circulación sin la cobertura del estado de alarma.
Y la siguiente será la Fiscalía de Baleares, ya que el Govern convocará este miércoles un Consell extraordinario para aprobar las medidas que decaen con el fin del estado de alarma, entre ellas el toque de queda, para que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares se pronuncie al respecto.
Esto se produce después de que el Tribunal Superior haya declarado inadmisible su petición de mantener las medidas vigentes hasta el próximo domingo, precisamente porque no habían sido aprobadas por el gabinete del Govern.
