La oferta electoral del PSOE para la función pública incluye muchos de los objetivos que se marcó Jordi Sevilla cuando era ministro del ramo y no pudo conseguir. Para empezar, promete acabar con un foco de privilegio que consiste en aprovecharse del sector público para luego pasarse al privado obteniendo mejor remuneración gracias a la experiencia y los contactos hechos en la Administración. En concreto, los socialistas proponen elevar de cinco a diez años el periodo mínimo de servicio activo que debe reunir un empleado público antes de poder solicitar la excedencia voluntaria. Los socialistas también se comprometen a establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación de excedencia, que el programa no precisa, a cuyo vencimiento se perdería toda posibilidad de regresar al puesto de origen en ministerios o empresas públicas. Es algo que ya funciona así en las administraciones autonómicas y locales, pero solo para los contratados laborales, no para los funcionarios, explican fuentes socialistas.
Los funcionarios que pidan excedencia estarían sujetos durante dos años a incompatibilidades
El PSOE va todavía más allá y si llega al Gobierno aplicará un régimen de conflicto de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular. Ello supone extender a todos los funcionarios las mismas condiciones que ahora rigen, por ejemplo, para los ministros y los secretarios de Estado.
En la oferta socialista consta también el propósito de implantar sistemas internos de control en las empresas públicas y fundaciones para garantizar una mejor gestión financiera y complementar las auditorías que realiza la Intervención General del Estado. Además, todas las licitaciones superiores a 300.000 euros se harían en sesiones públicas retransmitidas mediante streaming.
Pero no todo en el programa deriva en un aumento de los controles y de las restricciones a los funcionarios. Los socialistas adelantan que si ganan las elecciones se sentarán con los sindicatos de la función pública antes de marzo para alcanzar un pacto salarial que permita la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Cambios en el acceso al empleo público
La oferta electoral también propone cambiar el acceso al empleo público mediante la revisión de las pruebas, pues el PSOE considera que ahora son demasiado memorísticas y no valoran ni la experiencia profesional previa ni los periodos de formación y prácticas. Otro señuelo claramente electoral descansa en el compromiso de adoptar las medidas normativas necesarias para solucionar la precaria situación de los interinos. En estos momentos, las tres administraciones ocupan a 2.544.804 empleados públicos, de los cuales 536.499 trabajan en la Administración Central, 1.284.026 en comunidades autónomas, 577.164 en los ayuntamientos y 147.111 en las universidades. El 14% del total son interinos.
Señuelo electoral: el PSOE promete mejorar la situación de los 350.000 interinos
Por último, el PSOE ofrece a los funcionarios la creación de organismos específicos para gestionar la política de recursos humanos en toda la administración pública y acabar con las externalizaciones, salvo que respondan “a intereses económicos o sociales”.
Como principio general, el partido de Pedro Sánchez aboga por “planes estratégicos” para evaluar las políticas públicas, mejorar su eficacia y el impacto en el gasto público, a través de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios.
