Pasó el día, el de las elecciones, y comienza la romería, la de los tractores. Tras retrasar las marchas de protesta para no interferir en la campaña electoral del 18-F, cientos de agricultores y ganaderos gallegos han iniciado este martes una gran movilización general con el objetivo de denunciar todos los problemas que padecen los profesionales del campo y la nula ayuda que están recibiendo por parte las instituciones españolas y europeas.
Para ello, las asociaciones Unións Agrarias, Sindicato Labrego y Asaja han organizado una decena de manifestaciones en otros tantos puntos de la comunidad para protestar por el abandono que padece el mundo rural, las crecientes restricciones que afectan al sector primario y la imposibilidad de poner en marcha nuevas explotaciones a causa de la despoblación. Muchas de las ya asentadas también corren el riesgo de desaparecer a corto y medio plazo, porque cada vez son menos los jóvenes interesados en mantener en pie los negocios de sus padres por un sinfín de motivos, entre ellas su escasa rentabilidad y la ausencia de incentivos de cara al futuro.
Por el momento, las protestas están provocando retenciones de tráfico en las entradas de Santiago de Compostela y La Coruña debido a las concentraciones de tractores organizadas ante los edificios administrativos de la Xunta y de la Delegación del Gobierno, respectivamente, donde se han desplegado numerosas unidades policiales con el fin de regular la circulación y evitar posibles altercados. Los trabajadores del campo también están llevando a cabo cortes de tráfico en la N-525 a la altura de A Gudiña (Orense) y en Pedrafita (Lugo), donde los manifestantes han parado la circulación a la altura del kilómetro 432 de la N-VI, sentido Madrid. A estas movilizaciones, se suman las convocadas en otros municipios como Lalín, Ortigueira y Vimianzo.
Entre otras muchas reivindicaciones, los agricultores gallegos exigen que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y que se fijen unos precios que impidan vender por debajo de los mismos, de forma que se garantice una ganancia a los productores. Otra de las cuestiones hace referencia a la excesiva burocratización que padecen los trabajadores del campo y critican, asimismo, el decreto de nutrición sostenible de suelos, que regula la aplicación de purines. Las organizaciones agrarias sostienen que esta normativa no puede ser aplicada tal y como está redactada.
Esos problemas, señalan los afectados, requieren la adopción de medidas inmediatas, pero también reclaman soluciones que permitan fijar población en el medio rural y frene el cierre de más explotaciones.
