El Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros en 15 días el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal cuya principal novedad es que quita a los jueces la instrucción de los casos para entregársela a los fiscales. Desde el Ministerio de Justicia informan a Vozpópuli que la intención es presentarlo a finales de este mes o principios de noviembre.
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal data del año 1882 y su reforma integral es una vieja aspiración intentada por otros Gobiernos. El Ejecutivo decide impulsarlo ahora en plena guerra abierta con el Poder Judicial y solo unos días después de soliviantar a la carrera con la propuesta de eliminar la necesaria mayoría de tres quintos en el Congreso para elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial.
El ministro Campo se había dado de plazo para presentar esta iniciativa hasta final de año. Su Departamento elevó el martes a Consulta Pública el anteproyecto junto con un cuestionario para cumplir con la obligación legal de que asociaciones y ciudadanos puedan opinar sobre los aspectos más destacados de la futura norma. El límite establecido para participar y remitir observaciones al Ministerio es hasta el 28 de octubre, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.
"El juez ha de quedar apartado"
“El juez ha de quedar apartado de cualquier función activa en la pugna que entre el Estado y el ciudadano tiene lugar en todas las fases de procedimiento criminal”, dice el Ministerio en este documento elaborado por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia dependiente de la Secretaría de Estado. A juicio del Gobierno, el juez “debe ser capaz de tutelar los distintos intereses desde una posición de real y efectiva imparcialidad”.
Esta reforma legal también es uno de los objetivos que se marcó la actual fiscal general del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, el día que compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que que valorase su idoneidad como máxima responsable del ministerio público. Dijo que la actual Ley, vigente desde hace más de un siglo, es un "parcheado texto" porque ha sido sometida a numerosos retoques. “El modelo de juez instructor está obsoleto", aseveró.
El Ministerio argumenta que este cambio es coherente con lo que sucede en otros países del entorno: “En el ámbito de la Unión Europea la investigación penal es una competencia que se ha extraído del ámbito del Poder Judicial y se ha atribuido al Ministerio Fiscal”. Por ello abogan por darle a la figura del magistrado “la posición que constitucionalmente le corresponde”.
Cuestionario
En la actualidad, la Fiscalía tiene que pedir al juez que ordene diligencias de investigación ya sea un registro a la Policía o solicitar datos a instituciones como pueden ser las entidades bancarias en las investigaciones sobre corrupción. El juez de instrucción puede aceptarlo o denegarlo. Ahora serían los fiscales quienes tendrían autonomía para dirigir la investigación.
El cuestionario que se ha elevado a esta Consulta Pública incluye tres preguntas sobre esta cuestión: “¿Está de acuerdo en que se homologue nuestro sistema de investigación penal al resto de países con los que compartimos tradición jurídica, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal?, ¿está de acuerdo en que la función de los jueces en la fase de investigación se centre en la tutela de los derechos fundamentales de las partes?, ¿considera adecuado que la Ley refuerce la garantía de independencia de los jueces durante la fase de investigación separándolos de la función instructora?”.
Son varios los ministros que han intentado acometer esta reforma antes. Uno de los últimos fue el popular Rafael Catalá. A finales de 2016, defendió en el Congreso de los Diputados una reforma para que los fiscales adoptasen un "nuevo rol" como directores de la investigación. Ello se complementaría, dijo, con la figura del "juez de garantías", quien aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades.
Opinión de los jueces
En su momento, esta propuesta fue encajada de manera desigual por los jueces. Algunos se han mostrado individualmente en contra. Otros, en cambio, lo ven una medida razonable. Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) consideraron entonces que las garantías de imparcialidad están garantizadas con el proceso actual porque el juez que instruye no es el mismo que luego juzga y dicta la sentencia.
En la misma línea se pronunció la asociación Francisco de Vitoria, para quien el actual sistema de instrucción funciona. Por su parte, desde la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, advertían de la necesidad de un nuevo Estatuto Fiscal. Recordaban que son un Cuerpo jerárquico y que el fiscal general del Estado, propuesto por el Gobierno, puede dar órdenes a cualquier miembro del ministerio público.
