El Tribunal Supremo ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre si debe investigar o no al ministro Fernando Grande-Marlaska por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil el pasado mes de mayo.
Según consta en una reciente providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la Sala Segunda del Supremo ha solicitado que pasen las actuaciones a la Fiscalía para que informe sobre cómo proceder. En el mismo escrito, la sala que encabeza Manuel Marchena da acuse de recibo de la fianza de 6.000 euros que le había impuesto al querellante, Ramón Trillo, para ejercer la acción popular. Trillo, empresario, es además hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Hace un mes, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, preparó un informe en el que instaba al tribunal a rechazar todas las querellas que se presentasen contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. En ese mismo informe, Navajas aludía a querellas presentadas contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos, pero en ningún momento hace referencia a la presentada por Trillo, que por ahora sigue tramitándose.
El polémico cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que el coronel se negase a informar sobre el contenido del informe que preparaba la Guardia Civil sobre José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por su actuación en el 8-M. Según el querellante, Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y no trasladar a sus superiores el desarrollo y las conclusiones del citado informe.
Cesado por cumplir órdenes
Siempre según la querella, el coronel explicó a los interesados en el contenido del documento (entre los que se encontraba María Gámez, directora general de la Guardia Civil) que desconocía esa información y que en el hipotético caso de conocerla, no podría revelarla ya que existía una orden judicial que exigía mantener la confidencialidad.
Interior mantuvo la tesis de que Pérez de los Cobos había sido cesado por pérdida de confianza, pero una orden interna firmada por Gámez que fue desvelada posteriormente pone de relieve que fue apartado “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (…) con fines de conocimiento”.
Tras escuchar a Fiscalía, Marchena y los otros cuatro magistrados de la sala, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Pablo Llarena y Antonio del Moral (que ejerce de ponente) estudiarán si procede o no admitir a trámite la querella y abrir una causa contra el titular de la cartera de Interior. No hace falta unanimidad, con una mayoría favorable es suficiente para iniciar el procedimiento. Además, el informe que haga Fiscalía no es vinculante y la decisión última corresponde a la sala.
