El Gobierno se pliega ante el Tribunal Constitucional (TC) y presentará una proposición de ley para renovarlo de manera inminente, según fuentes parlamentarias socialistas. De esta manera, Moncloa comienza de nuevo el recorrido legislativo de su reforma judicial, encaminada a propiciar la renovación del tribunal de garantías, y que este mismo órgano paralizó este lunes tras aceptar las medidas cautelarísimas del PP por considerar vulnerado el derecho de los diputados populares a pronunciarse sobre los cambios legales en dos leyes orgánicas -la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional-, que se propiciaron vía enmienda en un proyecto de ley diferente.
De esta manera, Moncloa cede y reconoce de manera implícita que el artilugio legislativo ideado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para renovar el TC con dos de sus magistrados afines, el exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, no era el apropiado. Cabe recordar que el Constitucional no frenó la reforma por su sentido, sino por el procedimiento elegido para su tramitación. Es más, no paró el resto: tanto la reforma de la malversación como el borrado de la sedición siguen el proceso legislativo en el Senado.
El Gobierno se apresuró anoche y recalcó a primera hora de este martes que acata el fallo del Constitucional. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que recurriría a "cuantas medidas sean precisas" para 'corregir' el pronunciamiento del tribunal de garantías. Esta misma mañana, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo seguía sin aclarar qué medidas eran las que contemplaba y se mostraba esquivo, abierto a cualquier tipo de acción.
El mazazo del TC
Tras el mazazo de Tribunal Constitucional (TC) al Gobierno, tanto la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, como el presidente del Senado, Ander Gil, -ambos socialistas-, anunciaron en la noche de este lunes que acatan el fallo del tribunal de garantías y que pelearán por la "autonomía" parlamentaria. El Pleno del TC paralizó -tras una jornada maratoniana en el seno del órgano constitucional- parte de la reforma penal del Ejecutivo, que buscaba propiciar la renovación del TC para remover a otros dos con el mandato caducado.
Con seis votos a favor y cinco en contra, el tribunal de garantías admitió a trámite la medida cautelarísima del Partido Popular que solicitaba frenar la tramitación en las Cortes de la parte del texto que se introdujo en el Congreso vía enmiendas y que modifica tanto el sistema de mayorías del CGPJ para renovar el Constitucional, como la necesidad de este órgano de dar visto bueno a los candidatos afines del Gobierno.
La decisión de TC ha generado un choque institucional escenificado con enorme gravedad por parte del Ejecutivo, del Congreso y del Senado. Este golpe, al final, ha obligado a Moncloa a iniciar de nuevo el trámite parlamentario. Aunque esta vez sin la urgencia con la que se ha diseñado en un primero momento, ya que dejó el cambio de dos importantes leyes a la iniciativa de las Cámaras en lugar de a su gabinete.
Sin el control del TC, de momento
El Gobierno, de momento, se queda sin el control del TC, su gran objetivo de cara a frenar los recursos de inconstitucionalidad que pesan sobre sus grandes leyes y ante el contexto de negociación con la Generalitat de Cataluña en la mesa de diálogo. Y es que hay que reseñar que el PSOE negocia la celebración de una consulta pactada sobre el acuerdo al que se llegue en dicho órgano de negociación entre ejecutivos con los secesionistas de ERC, al mando del Gobierno catalán.
Del mismo modo es importante recalcar que el TC solo paralizó el contenido de la ley que se añadió en las enmiendas que modifican la ley orgánica del Poder Judicial y del TC. Así, ni la reforma de la malversación ni el cambio en el código penal que borra la sedición para establecer un nuevo tipo de desórdenes públicos agravados y que rebajan las penas, se verán afectados. Por su parte, Podemos, el socio del PSOE en el Ejecutivo,
Mientras, el TC advierte, tras imponerse el criterio del bloque conservador sobre el progresista al considerar que se vulnerarían los derechos de los parlamentarios del PP si se tramitaba la ley en el Senado, de que "a la Constitución están sometidos todos los poderes".
