La gravedad de la crisis y la forma en que está golpeando a la actividad económica en todos los frentes, sumada a una herencia envenenada que el Gobierno socialista no se atrevió a asomar cuando todavía manejaba el BOE, ha terminado poniendo a prueba la cohesión en el equipo económico, donde no termina de encajar la decisión de que sea el propio Mariano Rajoy quien presida la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y no exista en la práctica un mando único que decida la gestión del día a día sobre la crisis.
Las circunstancias que rodearon el reciente anuncio del recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, canalizado a través de una nota facilitada desde Moncloa el lunes por la tarde, ilustran bien el desconcierto que lastra el funcionamiento del Gobierno. No se trataba de una noticia cualquiera, ya que Mariano Rajoy había anunciado a bombo y platillo en la reciente campaña electoral que estas dos partidas concretas, junto a la de las pensiones, formaban parte de las líneas rojas que su Gobierno no estaba dispuesto a rebasar en los ajustes.
El caso es que los ministros de Sanidad y Educación, Ana Mato y José Ignacio Wert, se enteraron del cambio de rumbo a través de unas declaraciones hechas al Frankfurter Allgemeine por Luis de Guindos en el ecuador de la Semana Santa. Vencidas las vacaciones y ante el barullo levantado en los medios de comunicación por la imprecisión de la noticia, Rajoy decidió tomar la sartén por el mango, reunió al equipo económico y comunicó después a los ministros afectados el montante del recorte, poco antes de ser conocido por los periodistas.
“Luis de Guindos va a su aire y es difícil coordinarse con alguien que actúa así”, aseguran en el Gobierno
“Luis de Guindos va a su aire y es difícil coordinarse con alguien que actúa así”, comenta una alta fuente gubernamental consciente de las tensiones que el ministro de Economía está creando con Cristóbal Montoro y el equipo que trabaja con él en Hacienda. Los problemas derivan no solo de la locuacidad del titular de Economía, que estos días en privado reconoce el riesgo real de que España sea intervenida, sino de la forma en que aspira a colar decisiones en el Consejo de Ministros que previamente no han pasado el filtro ni de la Comisión de Subsecretarios ni de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
En el Consejo de los viernes sigue funcionando el esquema tradicional de los semáforos: índice verde para los expedientes que ya han sido ampliamente debatidos y solo esperan su aprobación formal e índice rojo para las carpetas necesitadas de una revisión a fondo en la propia mesa del Consejo. Pues bien, ahora entre los ministros se comenta con ironía que ha nacido un nuevo índice, el rosa, procedente de los asuntos que intenta colar por la escuadra del Consejo Rosa Sánchez Llebra, la jefa de Gabinete de Guindos, sin haber sido previamente debatidos en los dos filtros que están establecidos ante de las reuniones de los viernes.
Dique de contención en Hacienda
Montoro tiene una justificación muy sólida, según las mismas fuentes, para parar estos balones, pues suele recordar que a él, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, es a quien corresponde calibrar el impacto presupuestario de todas las medidas que llegan al Consejo. “Mediante este procedimiento, ha conseguido establecer un dique de contención que impide que Economía siga actuando por libre”, aseguran las mismas fuentes.
La forma que tiene Guindos de actuar no solo molesta en Hacienda, pues también salpica a otros ministerios. El pasado 9 de marzo, por ejemplo, Economía llevó al Consejo un decreto ley sobre la dación en pago para minimizar el impacto de los desahucios del que la ministra de Fomento, Ana Pastor, no estaba informada.
Caso bien diferente, por su naturaleza, fue el de la regularización fiscal que el Gobierno anunció al mismo tiempo que los Presupuestos de 2012. En este caso concreto, el equipo económico decidió actuar con total discreción, lo que supuso que la mayoría del Gabinete se enterara de la medida en la mesa del propio Consejo. En su reunión hubo, incluso, intercambio de llamadas con la Agencia Tributaria para realizar varias simulaciones en tiempo real sobre el posible impacto de la medida.
