El pasado lunes Mariano Rajoy dio el "nihil obstat" a la idea de Sanidad de poner sobre la mesa del Consejo Interterritorial de la próxima semana la vinculación del pago de los medicamentos recetados por la Seguridad Social con el nivel de renta de cada ciudadano, medida que va ganando adeptos entre las comunidades autónomas que son, en definitiva, a las que compete la gestión de la sanidad. El presidente del Gobierno citó el lunes a los ministros de Sanidad y de Educación, Ana Mato y José Ignacio Wert, respectivamente, con los que hizo un repaso de los trabajos ya puestos en marcha por ambos departamentos, que llegaron a estimar la posibilidad de un ahorro total de 10.000 millones.
Mato planteó la que es la propuesta más innovadora y en la que lleva semanas trabajando su departamento, tal y como adelantó Vozpópuli, esto es, crear un carné de renta en función del cual se pagará un porcentaje por medicamento. Uno de sus primeros efectos es que acabará con la gratuidad automática por razón de edad, de modo que habrá pensionistas que comiencen a abonar parte del precio de sus fármacos, aunque incorporarán medidas correctoras en caso de tratarse de personas que necesitan una medicación constante. Actualmente abonamos en farmacia el 40 por ciento del valor del medicamento, salvo los crónicos, que pagan el 10 por ciento y los pensionistas, que no abonan nada. La idea de vincular pago de recetas a nivel de renta fue lanzada hace meses por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y fuentes del Ministerio de Sanidad admiten que "es la fórmula que va teniendo más adeptos" entre las Comunidades Autónomas, entre ellas Aragón, cuyos consejeros han sido citados el próximo día 18 en el Consejo Interterritorial para tratar este y otros asuntos.
El sistema obligará a crear 47 millones de tarjetas sanitarias "inteligentes"
Las dificultades que presenta el nuevo sistema son de índole fundamentalmente técnico porque supone, entre otros retos, crear cuarenta y siete millones de tarjetas sanitarias "inteligentes" cuyo coste puede alcanzar, según se ha evaluado en sectores sanitarios, entre 900 y 1.000 millones de euros. No hay, por el momento, una estimación conocida del Ministerio de Sanidad. Lo que sí explicó Mato ayer en los pasillos del Congreso es que el nuevo sistema, progresivo, por tramos, será posible, si así lo respaldan las Comunidades, gracias al cruce de datos informáticos de Hacienda, Seguridad Social y Sanidad.
Pero no será la única cuestión a tratar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la próxima semana. Este organismo, donde se sientan los consejeros de Sanidad de todas las autononmías, decidió, en su reunión del pasado 29 de febrero, constituir un grupo de trabajo al objeto de establecer una cartera básica de servicios para todo el ámbito estatal. La versión del Gobierno es que con esa cartera se pretende "blindar" una serie de prestaciones y mejorar los servicios básicos. En principio no se trata de dejar fuera todas aquellas actuaciones médicas que no comprometen la salud de los ciudadanos como estudiar su aplicación individualizada, según fuentes gubernamentales. Se trata de intervenciones como las vasectomías o ligaduras de trompas, tratamientos de infertilidad o cambios se sexo, por poner los ejemplos que maneja el Ministerio.
Malestar con De Guindos
Ello unido al establecimiento de una central de compras, a la unificación del calendario de vacunación o a la armonización del modelo retributivo de los trabajadores del sector, entre otras medidas, debería llevar al anunciado ahorro de 7.000 millones de euros. Hoy por hoy, Sanidad rechaza el copago sanitario, esto es, por actos médicos, del que habló el pasado lunes el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, copago que, por otro lado, existe en la mayoría de los países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y hasta Suecia, puesta siempre de ejemplo de políticas sociales y estado de bienestar. De hecho, las palabras de De Guindos provocaron una comparecencia del "número tres" del PP, Carlos Floriano, para desmentir dicha posibilidad ante el malestar del Departamento de Mato.
