Francisco Granados se niega a cargar con la culpa en el caso Púnica. El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha recurrido su procesamiento en la pieza por la caja B del PP madrileño apuntando que debería estar en igualdad de armas con su exjefa, Esperanza Aguirre. El político afirma que no hay pruebas que le impliquen en los hechos y que la misma situación de control de cuentas bancarias que se pretende para él debería valer para Aguirre y para el expresidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echevarría.
En su recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Granados reprocha al instructor de la causa que Aguirre estaba autorizada en la cuenta corriente del PP junto con Echevarría, él mismo y el también procesado Beltrán Gutiérrez (extesorero de la formación regional). Por ello sostiene que no se le puede enviar al banquillo por estos hechos y exonerar a la que fuera presidenta madrileña.
"En las 30 páginas que el auto dedica a analizar los gastos electorales con los distintos proveedores no hay ni una sola mención a una participación de ningún tipo del Sr. Granados, ninguna relación con facturas, pagos conciertos o reuniones. ¿Por qué entonces nos empeñamos en situarlo en el íter incriminatorio del delito? Resulta evidente que de haber tenido participación hubiera salido su foto, su sello, su firma o identificación en todas esas descripciones que se contienen en el propio auto. Si no está por algo será", afirma su defensa.
El auto confunde al director de campaña con el administrador electoral. La función de Granados fue meramente de pantalla porque ya estaba defenestrado y decapitado por Aguirre y González
Granados trata de esta forma de desligarse de estos hechos, que se han investigado en el marco de la pieza novena del caso Púnica. El magistrado le procesó junto con otra decena de personas aunque archivó la causa para un total de 71 al considerar que no quedaba acreditada su implicación en la financiación irregular del PP madrileño. Pese a ello, los investigadores mantienen que el partido financió de manera irregular las campañas de 2007 y de 2011, utilizando para ello a empresarios cercanos a la órbita del PP.
"Ya no era persona de confianza"
Con todo, siguió el criterio de Anticorrupción y exculpó a Aguirre y a González asegurando que no quedaba acreditado que conocieran el uso de empresas municipales para desviar estos fondos públicos. Ahora Granados se acoge a este argumento para pedir que se le aplique también a él mismo. De hecho, reprocha al magistrado de la Audiencia Nacional que compare el cargo que ostentaba de jefe de campaña con el de director electoral, función esta última que recayó "única y exclusivamente" en Beltrán Gutiérrez.
Mantuvieron a Granados como director de campaña para evitar dimes y diretes que pudieran suponer pérdidas de voto o de las elecciones
Es más, el exalcalde de Valdemoro sostiene que era la cúpula del PP la única que podía "controlar y contradecir" al extesorero del partido, por lo que se le atribuyen unas funciones que no le competen. "Nos parece un contrasentido mantener una tesis de acusación contra alguien que por organigrama carece de potestad", apunta y recuerda que en aquel momento de pugna con Ignacio González terminó cesado de los cargos que ostentaba en el PP madrileño y en el Gobierno regional.
De hecho, recuerda la crisis interna que atravesó la formación conservadora para defenderse de cualquier relación con la caja B del partido. Sostiene al respecto que su función como director de campaña de Aguirre fue "meramente de pantalla" precisamente para evitar "dimes y diretes" que pudiera utilizar el PSOE en su contra. "Lo mantuvieron como director de campaña para evitar malos pensamientos de terceros que pudieran suponer perdidas de votos o perdida de elecciones", sentencia.
De 700 a cinco millones
Al hilo su abogado recuerda la mano dura con la que ha actuado Anticorrupción en la trama Púnica, así como los casi tres años que pasó en prisión provisional tras su detención en 2014 por el estallido de la trama. "De la misma manera que en su día se puso de manifiesto que el señor Granados cumplió preventivamente casi 3 años de prisión por un desfalco económico que el Ministerio Fiscal llegó a mantener hasta la saciedad y sin prueba alguna…ni más ni menos en 700 millones de euros, para que luego escasamente hace un año modificase esta cantidad a cinco millones de euros en el patrimonio del investigado", asegura.
Con todo, Granados ha estado en el punto de mira del Ministerio Público no solo en esta pieza novena de la macrocausa sino también en otras relativas al presunto blanqueo de capitales o la corrupción urbanística en Valdemoro, localidad de la que fue alcalde entre los años 1999 y 2003. De hecho, este macroprocedimiento arrancó en la Audiencia Nacional tras recibir comisión rogatoria de Suiza que alertaba de una posible comisión de blanqueo de capitales.
"Artista principal de esta copla"
Granados, que en este tiempo ha sumado además la enemistad del constructor confeso David Marjaliza, arremete también contra la UCO asegurando que han creado un "totum revolutum" contra él para convertirle, sin motivo alguno, en "artista principal de toda esta copla". Así, alega que el delito electoral que le atribuyen estaría prescrito y que tampoco tuvo responsabilidad alguna en los pagos al 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, por los trabajos de reputación online que hizo a los exaltos cargos del PP.
En este caso de nuevo vuelve a compararse con Aguirre, a quien el juez también libra de este capítulo. ¿"Por qué el argumento utilizado para la señora Aguirre o el señor González de desconocimiento a cómo se contrataron y pagaron esos trabajos no es válido para el señor Granados? (...). Por principio de igualdad el razonamiento debe servir para Granados puesto que no existe ningún indicio que prueba que justifique un tratamiento diferente al ser el supuesto idéntico", concluye.
