La Audiencia Nacional celebra hoy el primer juicio del caso Púnica contra el exconsejero madrileño y exdirigente regional del PP Francisco Granados, para quien la Fiscalía pide 3 años de cárcel por el chivatazo de la operación policial que le llevó a prisión.
Justo cinco meses después de ser excarcelado tras pasar dos años y medio en prisión preventiva, Granados se sienta en el banquillo de los acusados junto con el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, responsable de dar el soplo, y su amigo José Manuel Caro, guardia civil en excedencia y exasesor de la Comunidad de Madrid, todos ellos acusados de un delito de revelación de secretos.
La sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por Concepción Espejel -quien fue apartada del juicio de Gürtel por su aparente afinidad ideológica al PP- es la encargada de juzgar a los tres acusados, para quienes la Fiscalía pide la misma pena.
El chivatazo tuvo lugar en septiembre de 2014, cuando Talamino, entonces miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, alertó a Granados de la instalación de una cámara frente al edificio donde el presunto 'conseguidor' de la Púnica, David Marjaliza, "dirigía sus corruptos negocios", en la localidad madrileña de Pinto.
Lo hizo, según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, "a sabiendas de que (la información) estaba sometida a absoluta reserva (...) quebrantando reiteradamente el deber de sigilo" y para "hacer un favor" a Granados y a su amigo Caro, que entonces desempeñaba cargos de confianza en la Comunidad "promocionado" por el exconsejero.
El soplo permitió a Granados adoptar "medidas encaminadas a poner a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito" y gracias a él pudo ocultar el dinero en efectivo no declarado en casas de amigos y familiares, entre ellos sus suegros, de los que se valió para ocultar un millón de euros en el altillo de una habitación.
Alertó también a Marjaliza, quien destruyó documentación incriminatoria, escondió dinero "con el que retribuía a alcaldes" y ocultó documentos que demostraban la existencia de fondos en el extranjero.
"Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", llegó a decir Marjaliza ante el juez en una confesión que se alargó 13 horas y que motivó su salida de la cárcel año y medio antes que su exsocio.
Aparte de la petición de cárcel de la Fiscalía, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce de acusación popular, solicita 6 años de prisión para Granados.
