La Guardia Civil, a través de su Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Madrid, ha desarticulado el que se considera el mayor canal de streaming pirata en España. En el marco de la "Operación Corsario Azul", los agentes lograron identificar e investigar al presunto responsable de una plataforma ilícita que permitía la retransmisión gratuita de partidos de fútbol de la primera y segunda división española. El fraude asciende a más de 42 millones de euros, perjudicando gravemente a dos importantes empresas del sector audiovisual.
El esquema, desarrollado a través de una extensión o "add-on" creada para el reproductor multimedia KODI, permitía el acceso gratuito a contenido deportivo de pago. La aplicación, utilizada por más de 78.000 usuarios, se servía de una red de canales alojados en una de las plataformas de mensajería instantánea más populares en España para distribuir las emisiones en directo.
La operación comenzó cuando los agentes detectaron la existencia de una extensión en KODI que facilitaba el acceso ilícito a partidos de fútbol. Este software, diseñado por un desarrollador externo a la plataforma, operaba bajo el amparo de anonimato que ofrece el sistema de código abierto.
El equipo del EDITE centró su investigación en rastrear el origen de las retransmisiones. Analizando el código fuente de la extensión, se descubrió que los partidos se difundían a través de diversos canales alojados en una conocida plataforma de mensajería instantánea. Estos canales congregaban a una comunidad de más de 78.000 usuarios, quienes se beneficiaban de las emisiones fraudulentas sin pagar por los derechos correspondientes.
Una de las claves del éxito de la operación fue el rastreo de los pseudónimos o nicknames utilizados por el autor en el código fuente de la extensión. Este análisis permitió vincular directamente la creación del software con un varón de 37 años. La identidad del sospechoso fue confirmada mediante búsquedas en las bases de datos policiales.
Un golpe al fraude digital
La intervención culminó con la desactivación de todos los canales implicados en las retransmisiones y la eliminación del código de programación ilícito. Además, el sospechoso fue investigado por un delito relativo al mercado y a los consumidores. Según las autoridades, el impacto económico de este fraude se estima en 42.547.104 euros, una cifra que refleja las pérdidas sufridas por las empresas titulares de los derechos de retransmisión.
La piratería digital sigue siendo un desafío para las autoridades y las empresas de contenido en todo el mundo. Herramientas como KODI, diseñadas originalmente para el consumo legítimo de medios, son frecuentemente modificadas por desarrolladores externos para facilitar actividades ilícitas. La facilidad de acceso y la amplia difusión en redes de mensajería instantánea agravan el problema, generando un ecosistema propicio para el fraude masivo.
