El grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido a 22 personas e imputado a otras nueve en relación con la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía. Los agentes han llevado a cabo también 13 registros en una operación que se extiende a las provincias de Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria y no descartan que se produzcan “al menos” otras dos detenciones.
Según la agencia Europa Press (EP), nueve de las veinte detenciones se han producido en Barcelona y corresponden a cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; cuatro en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las “empresas pantalla” de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; dos en Madrid; tres en la provincia de Cádiz; uno en la provincia de Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como 'conseguidor' de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria.
Otras nueve personas ya imputadas en la causa han sido citadas a declarar ante la juez Mercedes Alaya, cuatro en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Jaén, uno en Madrid y otro en Cádiz. Entre ellos se encuentran el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, el exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, el abogado Carlos Leal y el administrador de la consultora Uniter José González Mata.
En el marco de la operación se han practicado trece registros en empresas y domicilios, cuatro de ellos en domicilios de la provincia de Jaén, otros cuatro en la provincia de Sevilla, dos en Cádiz, dos en Granada y uno en Madrid. De este modo, los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo actuaciones principalmente en Sevilla, y concretamente en lugares como el edificio Viapol, donde han desplegado tres vehículos de la Benemérita y al menos una decena de agentes, o la Plaza Nueva, donde han enviado dos coches del Instituto Armado.
Según EP, las detenciones se están practicando dentro de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario a fin de investigar quiénes son los “verdaderos” beneficiarios de los fondos públicos investigados y la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
