El Gobierno de Mariano Rajoy ha movido ficha rápido para no echarse encima a los guardias civiles y ha aparcado su idea inicial de ampliar a 48 horas semanales la jornada laboral de los agentes, actualmente cifrada en 37 horas y media. Después de que tales planes fueran denunciados el 24 de septiembre por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), haciéndose eco este diario, el director general del Instituto Armado, Arsenio Fernández de Mesa (PP), convocó de urgencia a los secretarios generales de los principales colectivos que defienden los intereses de los trabajadores para calmar los ánimos. Las asociaciones esperan que tal compromiso se haga realidad en la nueva propuesta sobre jornada laboral que volverá a debatirse este martes, ya en el seno del Consejo del Instituto Armado. Sin embargo, el Ejecutivo persiste en ampliar las 37 horas y media y baraja ahora un tiempo máximo de 43.
En esa reunión informal en la Dirección General de la Guardia Civil, Fernández de Mesa transmitió a los asistentes la intención del Gobierno de no seguir adelante con el borrador, desautorizando así las maniobras que había efectuado el equipo del director Adjunto Operativo de la institución (DAO), el teniente general Cándido Cardiel. Se había encargado de ir preparando el terreno para la redacción de una normativa que la AUGC auguraba “completamente abusiva”. La pretensión del Ejecutivo de implantar las 48 horas semanales fue expuesta a los representantes de los agentes en una mesa de negociación y a través de un borrador cuyo contenido ya introducía cambios que distorsionaban el contenido del texto remitido a las partes en un principio.
El director general de la Benemérita dio su palabra a las asociaciones de que la negociación no seguirá ya bajo competencia de la Dirección Adjunta Operativa, sino de la Subdirección de Personal
Estas mesas de negociación o grupos de trabajo, entre la Administración y las asociaciones de guardias civiles, son la antesala de las Comisiones preparatorias del Consejo del Instituto del Armado, que volverá a reunirse este martes. En el orden del día de la sesión está el debate sobre la futura jornada máxima, donde el Ejecutivo, según las fuentes gubernamentales consultadas por Vozpópuli, contempla la opción de 43 horas semanales, una vez ha desechado ya la apuesta de las 48 horas tras el revuelo generado en el Cuerpo. Las asociaciones se opondrán este martes a tal extremo por considerarlo un “ataque” a sus condiciones sociolaborales. No obstante, ante las conversaciones que están por venir, el director general de la Benemérita dio su palabra de que la negociación no seguirá ya bajo competencia de la Dirección Adjunta Operativa, sino de la Subdirección de Personal.
Bajo el pretexto de cobertura legal
En concreto, el Gobierno quiere redactar una nueva Orden General que modifique la anterior (la 4/2010) en lo que se refiere al tiempo máximo de prestación del servicio y periodos de referencia para su cálculo, y descanso diario. La Dirección Adjunta Operativa señalaba en el controvertido borrador que tales circunstancias “si bien se venían aplicando correctamente en la práctica, no tenían un sustento normativo adecuado”.
El texto introducía en la sección primera, la relativa a los conceptos generales (objeto, ámbito de aplicación y definiciones de jornada de trabajo y horario de servicio) una disposición sexta en la que se abría la puerta a la ampliación a 48 horas de la jornada laboral. El apartado tercero de la citada disposición decía: “Se establece una duración máxima del tiempo efectivo de servicio, como promedio trimestral, de 48 horas semanales. Para el cálculo de dicho promedio se tomarán como referencia los trimestres naturales, sin tener en cuenta los días disfrutados de vacaciones y permisos y las ausencias por baja médica”.
Además, el apartado cuarto añadía: “Se entiende que un efectivo está disponible para prestar servicio desde el momento en que alguna unidad, centro u organismo de la Guardia Civil le puede nombrar servicio”. La futura redacción también derogará la Orden General 37/1997, de 23 de septiembre, sobre Regulación del Régimen de Prestación del Servicio.
