A los dos días de que el submarino nuclear 'HSM Talent' atracara en Gibraltar, el Gobierno español ha realizado una declaración unilateral instando al Reino Unido a que cumpla el convenio internacional de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. El convenio está fechado el 22 de marzo de 1989 y fue enmendado en Ginebra el 22 de septiembre de 1995. El pasado 15 de abril el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, notificó la decisión del Reino Unido de extender la aplicación del citado convenio a Gibraltar.
Sin embargo, según señalan fuentes ecologistas, desde el pasado mes de mayo son ya seis los submarinos nucleares que han atracado en Gibraltar. Ante la discordancia entre los compromisos y las realidades, el Gobierno español ha decidido realizar una declaración unilateral “con vistas a defender la posición española en el contencioso de Gibraltar”. La declaración del Gobierno español comienza afirmando que Gibraltar es un territorio “no autónomo” y que, por tanto, sus relaciones exteriores son competencia del Reino Unido.
El documento añade que desde esta perspectiva las autoridades del Peñón tienen carácter local “y ejercen competencias exclusivamente internas” de conformidad con lo dispuesto por la legislación del Reino Unido “estado soberano del que depende”.
Además, la declaración del Gobierno español recuerda que Gibraltar está sometido a un proceso de descolonización “de acuerdo con las decisiones y resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas”.
Con todos estos preámbulos, concluye que la participación de Gibraltar en la aplicación del convenio de transporte de residuos peligrosos “se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas”. O dicho de otra manera, Gibraltar no puede alegar autonomía para interpretar el convenio, por lo que la responsabilidad de que nuevamente atraque un submarino nuclear es exclusivamente británica.
La declaración afecta no sólo al atraque del submarino nuclear sino también a las gasolineras flotantes. El Gobierno español aprobó el pasado 30 de agosto tramitar por vía de urgencia una reforma de la ley de protección del patrimonio natural y la biodiversidad que permitirá sancionar las actividades denominadas bunkering.
Mientras tanto, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amenaza con denunciar a políticos y periodistas por lo que considera “incitación al odio”. Además, los próximos 10 y 11 de octubre el Peñón acogerá un simposio sobre el tratado de Utrech de 1973 que –advierten- “tocará la fibra sensible” de España. Los inspectores de la UE no han resuelto el conflicto. Lejos de estar cerrado, se recrudece.
