Una de las acusaciones lo ha pedido. La Fiscalía Anticorrupción se opone. La última palabra, sin embargo, la tendrá el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. En los próximos días el magistrado que instruye el caso de los papeles de Bárcenas debe tomar una decisión clave para el devenir de la causa: reclamar o no a las administraciones públicas, principalmente al Ministerio de Fomento, todos los contratos adjudicados entre 1990 y 2012 a los doce empresarios imputados hasta ahora en el sumario, como ha solicitado una de las acusaciones. Fuentes jurídicas aseguran que el juez aún medita si da luz verde a la petición, pese a la oposición del Ministerio Público, ante el temor de que no hacerl desinfle el principal delito que investiga, el de cohecho. Estas mismas fuentes resaltan que de no acceder finalmente a la práctica de la misma, el 'caso Bárcenas' podría quedar reducido a una investigación menor por un delito contable en época electoral contra el PP por haber llevado supuestamente unas cuentas paralelas durante años.
La decisión del juez no es, sin embargo, sencilla. Sobre todo porque Anticorrupción informó a finales de septiembre en contra de la práctica de esta diligencia al considerar que "la recopilación, copia y posterior examen de tan ingente documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso en la instrucción por un tiempo [...] desde luego superior a un año en el mejor de los casos". La Fiscalía insistía entonces que esta práctica tan costosa en tiempo "sólo estaría justificada por la existencia de indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos", algo que considera que aún no se ha producido pese a que más de medio centenar de apuntes de los papeles de Bárcenas ya habían quedado constatados como ciertos durante la instrucción. El representante del Ministerio Público llegaba a asegurar en su escrito que la incorporación de dicha documentación, "más de 2.000" expedientes de contratos públicos, era "inútil", "impertinente" y "perjudicial".
Enfrente se encuentran los representantes legales del Observatori Desc, que fue la acusación que solicitó la prueba al considerar la misma "procedente y necesaria con el fin de que el Juzgado se instruya [...] sobre la relación supuestamente existente entre posibles disposiciones de dinero, bienes o derechos y adjudicaciones de obras públicas". Los abogados que representan a esta asociación insistían en su petición en que la documentación que reclamaban, entre la que incluían "copia de las plicas" de los concursos a las que se hubieran presentado las doce empresas, sus filiales y participadas, es la pieza clave "para establecer el nexo causal entre las 'donaciones' que obran acreditadas en las actuaciones y los fines que las mismas perseguían". Representantes de esta acusación insistían ayer a este diario que la información que se tiene hasta ahora en el sumario sobre dichos contratos "es casi estadística, sólo con cifras y cuantías, pero no con los detalles de cómo se concedieron. Los datos que reclamamos deben aclarar si había patrones a la hora de adjudicar contratos públicos y, por tanto, indicios de la existencia de cohecho y tráfico de influencias".
Discrepancias recientes con la Fiscalía
En medio de esta disputa judicial se encuentra el juez Ruz que, si bien ha mostrado plena sintonía con Anticorrupción en la Gürtel, el sumario del que se ha desgajado el de los papeles de Bárcenas, en esta última pieza ya ha mostrado algunas diferencias con el fiscal de este caso, Antonio Romeral. De hecho, este último concluyó recientemente que él no veía la comisión de delito por parte del PP en la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero, mientras que el magistrado sí lo concluyó que había indicios. De hecho, éste derivó esta parte de las pesquisas a los juzgados de instrucción ordinarios de Madrid al considerar que la posible infracción que habría en dicha actuación de la formación política no era competencia de la Audiencia Nacional, pero si merecedora de una investigación.
Fuentes jurídicas destacaban ayer a este diario que era significativo en la actual disyuntiva en el que se encuentra el juez el tiempo que ya transcurrido desde que Anticorrupción informó contra la petición de los contratos a los donantes sin que el magistrado haya tomado una decisión. "En otras ocasiones, tras pronunciarse la Fiscalía, el juez tomaba en días una decisión. Ya llevamos diez desde aquella y aún no la ha tomado", señalaban a este diario antes de apuntar que el juez Ruz puede estar esperando el informe que encargó a la Intervención General del Estado sobre dichos contratos y que aún no se ha incorporado a la causa. En el mismo, los funcionarios debían relacionar las supuestas entregas de dinero de los empresarios con las adjudicaciones de las distintas administraciones gobernadas por el PP. "Si la Intervención no ve indicios de ells, tal vez el juez opte finalmente por alinearse de nuevo con la Fiscalía y dar portazo a la petición", añaden.
Una posición que no comparten en el Observatorio DESC, que ayer apuntaban a este diario que si el magistrado finalmente rechazaba su petición, "recurriremos. Sin esa documentación el caso pierde gran parte de su fuerza y nos acercaríamos a lo que la Fiscalía parece estar buscando desde el principio: el archivo del sumario", añaden. Sobre la influencia que pudiera tener el informe pendiente de la Intervención General del Estado, estas fuentes insisten que este organismo público no está analizando los detalles que se pretenden aclarar con la documentación reclamada. Además, recuerdan que la Agencia Tributaria emitió recientemente otro informe en el que descartaba la comisión por parte del PP de un delito fiscal por el pago de sobresueldos y la recepción de 'donaciones' supuestamente irregulares y que, sin embargo, "esa vía de investigación está lejos de cerrarse". De hecho, recuerdan que dicho documento ha sido ampliamente criticado por expertos fiscales que consideran que la afirmación de Hacienda de que las donaciones ilegales a partidos pueden desgravar "es más que custionable".
