Los sueldos de una parte de los jugadores de equipos que han militado en Segunda División B están bajo sospecha. ¿Se llevaron a cabo acorde a la ley o se abonaron en 'B'? Eso es lo que la Guardia Civil, Inspección de Trabajo y Seguridad Social tratan de esclarecer en una investigación que explotó este miércoles con el registro de las sedes de una decena de clubes. Pero las pesquisas vienen de lejos. Una carta redactada en septiembre de 2020 y remitida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió la guerra del fútbol y alertó a las autoridades de un supuesto fraude masivo. Los investigadores del Instituto Armado hablan de "problemática generalizada" y no se descartan más actuaciones.
La misiva la firmaban once clubes de fútbol. A saber: CD Badajoz, CD Numancia, CF Rayo Majadahonda, Cultural y Deportiva Leonesa, Dux Internacional de Madrid, Racing Club de Ferrol, San Fernando CD, UD Ibiza, Unionistas de Salamanca CF, Universidad Católica de Murcia UCAM y Zamora CF.
Estos equipos denunciaban la "situación de desventaja competitiva" en la que se encontraban, asegurando que otros equipos incurrían en "malas prácticas económicas": "Los clubes que cumplen con el pago de todos los contratos de manera regular, así como las cantidades a percibir por el IRPF y la Seguridad Social, nos sentimos perjudicados y en desventaja a la hora de competir con aquellos equipos que no lo hacen".
La carta disparó las alertas. Por un lado evidenció la guerra abierta en el fútbol en esas categorías. Una serie de equipos se alineaba en contra de unas supuestas prácticas delictivas y reclamaba que las condiciones de juego (financieras) fueran las mismas para todos. Se consideraban agraviados y no dudaron en poner en negro sobre blanco sus reivindicaciones. Pero, por otro lado y de forma paralela, dio pie a las pesquisas de la Guardia Civil, Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
Las pesquisas de la Guardia Civil
Los investigadores se pusieron en contacto con varios agentes de fútbol para comprobar la veracidad de los hechos y encontraron indicios suficientes para abrir las pertinentes diligencias. Durante un año han recabado información hasta que este miércoles, 10 de octubre, explotó la operación. Los agentes se desplegaron en las regiones de La Rioja, Alicante, Cádiz, Algeciras, Badajoz, Murcia, Baleares y Salamanca para registrar las sedes de los clubes en busca de documentación sobre los abonos a los jugadores.
Las autoridades sospechan que los equipos de fútbol pagaban una parte de los salarios acorde a la ley, abonando las pertinentes cuotas a la Seguridad Social, mientras que otra parte de los emolumentos se completaría por otras vías. Además del agujero que eso suponía para la tesorería pública, los futbolistas se veían perjudicados al verse mermados los derechos que les brinda la Seguridad Social por sus cotizaciones.
Tan extendida era la práctica que la Guardia Civil habla de "normalización del fenómeno" entre clubes que compartían categoría con los firmantes de la misiva. "Consideramos un acto de competencia desleal las prácticas que determinados clubes desarrollan con la contratación de algunos futbolistas. Acuerdos con pagos que no se ajustan en su totalidad a la legislación y cantidades de dinero que se perciben de manera no oficial", apuntaban los equipos que rubricaron la carta.
Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan más intervenciones, señalan fuentes próximas al caso a Vozpópuli. También está por esclarecer las cuantías del supuesto dinero no declarado en los pagos a los jugadores. "La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude pretenden colaborar en la erradicación de esta práctica ilegal que pudiera estar normalizada y extendida en el sector del fútbol, y que perjudica la leal competencia en el mundo del deporte así como los derechos de los trabajadores en este ámbito", señala el Instituto Armado.
