Los peritos de Hacienda han remitido a la Audiencia Nacional su informe clave sobre las adjudicaciones millonarias concedidas bajo el Gobierno de José María Aznar a empresarios de la órbita del Partido Popular. Los técnicos confirman las adjudicaciones de los famosos contratos de obra pública del SEPES y de Fomento a empresarios donantes del partido, como Constructora Hispánica o Degrémont; sin embargo, no confirman que exista correlación entre los supuestos sobornos y las licitaciones.
Se trata de un documento determinante para la conocida como causa de los papeles de Bárcenas en aras a decidir si se archivan las diligencias, o bien se envía al banquillo a los imputados en el procedimiento. No obstante, los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no identifican irregularidades de calado en la tramitación de más de una decena de expedientes, más bien al contrario, determinan que las licitaciones, aunque tuvieron sobrecostes cercanos al 10%, eran legales, según consta en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Con todo, el magistrado al frente de las pesquisas, Santiago Pedraz, ha dado traslado del informe en cuestión a la Fiscalía Anticorrupción para que determine si hay o no vínculo con las donaciones que apuntó Bárcenas en sus famosas agendas. Del mismo modo tampoco se espera que tome declaración a estos dos peritos, a los que se les citó para este jueves debido a que no presentaban este informe, solicitado el año pasado.
Los peritos de Hacienda analizan licitaciones de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) además de contratos de AENA, la Administración Tributaria, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Instituto de Turismo de España (Turiespaña). Los expertos determinan al respecto que en la mayoría de licitaciones las obras se terminaron adjudicando con sobrecostes, aunque en todos ellos se respetó el límite del 20% establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Así, por ejemplo, en relación a las licitaciones del SEPES, la IGAE pone el foco en un proyecto de urbanización en Loma de Colmenar (Ceuta) y otro en Guadalajara por importe total de 1,3 millones de euros, así como la explotación de la segunda fase de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Monte Boyal (Toledo) por 3,7 millones de euros. En relación a los dos primeros, la empresa que se adjudicó la obra fue Constructora Hispánica, que entonces dirigía Alfonso García-Pozuelo (uno de los empresarios identificado como donante del PP).
Contratos millonarios
"Las obras complementarias se adjudicaron por unos importes de 944 y 385 millones de euros, respectivamente, lo que representó un porcentaje del 19,64% y del 19,85%, respecto del importe de adjudicación de los respectivos contratos principales. Por tanto, también se cumplió en ambos casos el requisito legal de que el importe de las obras complementarias no superase el 20% del precio primitivo del contrato principal, establecido en la Ley", concluyen los peritos de Hacienda.
En relación al contrato adjudicado por AENA para construir una plataforma de estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto de Madrid Barajas, los peritos determinan que tampoco hubo irregularidades con la adjudicación. Del total de 14 empresas que licitaron el proyecto, el Consejo de Administración de la empresa pública se lo otorgó a la UTE formada por Constructora Hispánica-Comsa por 32,8 millones de euros.
En este caso explican que lo que determinó la licitación frente a la otra UTE que partía como la favorita en el baremo de calidad, fue que hizo la oferta más económica. Cabe destacar que, aunque los peritos no entran a analizar las donaciones del entonces presidente de la constructora, la UDEF sí vinculó ciertas adjudicaciones de obra pública (especialmente en la Comunidad de Madrid) con pagos a la caja B del Partido Popular.
Sobrecostes legales
Los peritos de Hacienda analizan igualmente un expediente de contratación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Cultura para rehabilitar el Archivo Histórico Provincial de Orense. En este caso, el proyecto (licitado en poco más de 16 millones) fue a parar a Constructora Hispánica, al igual que la construcción de nuevo edificio de la Agencia Tributaria en la localidad asturiana de Avilés. En este último caso, la licitación final ascendió a 3,2 millones sufriendo de nuevo sobrecostes que, al no alcanzar el 10%, no vulnera lo recogido en la Ley.
Lo mismo ocurre con los contratos relativos a la Confederación Hidrográfica del Tajo, los expedientes de contratación de Turespaña (bajo este último ente se licitaron obras en el nuevo parador de Lorca) o seis expedientes de contratación de ADIF o sus entidades preferentes.
