Raúl Burillo, el inspector de Hacienda que firmó el informe explosivo sobre Víctor de Aldama, está sometido a una vigilancia inhabitual por parte de la cúpula de Hacienda. Consiguió que su informe le llegara al juez sin filtros el 2 de febrero y tres días más tarde Hacienda cesó a los responsables directos. Este lunes ha comparecido en la comisión de investigación del Senado y apenas ha dado detalles. Ha repetido varias veces la palabra "sigilo". Pero no se trata sólo de un sigilo que él mismo se haya impuesto al que se debe profesionalmente y por el secreto de sumario, sino que ha apuntado a una vigilancia especial por parte de la Agencia Tributaria (AEAT).
Ha indicado que recibió una advertencia a través de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria sobre la prohibición de facilitar información tributaria sensible bajo la advertencia de que podía incurrir en delito. "Estoy aquí, en el filo de la navaja por mis deberes de sigilo", ha destacado. Burillo ha llegado a invocar su derecho constitucional a no declarar. Fuentes próximas a Hacienda y fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli trasladan que este control no es habitual.
Fuentes oficiales de la AEAT sostienen que siempre que va algún funcionario a una comisión parlamentaria recibe asesoramiento sobre el alcance del artículo 95 [de la Ley General Tributaria] y, en su caso, del secreto de sumario. Señalan que quien va quiere saber en qué contextos está amparado. Preguntados por lo infrecuente de menciones como las que ha hecho Burillo, dicen que depende de si lo quieren sacar a colación o no.
Su informe no sólo analizaba la situación fiscal del principal comisionista de la trama. Lejos de quedarse en una enumeración de contingencias fiscales, incorpora una minuciosa explicación de la trama y de sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, con Globalia y su rescate, con el Ministerio de Transportes y con la Venezuela de Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero y apunta una explicación del Delcygate. El informe llega a mencionar al presidente del Gobierno cuando recoge una enigmática frase en el sumario que dijo Juan Carlos Cueto, financiador de la trama, a Íñigo Rotaeche, el titular de la empresa que concentró los contratos de las mascarillas, preocupado por el interrogatorio a Aldama: "Le preguntarán por todos, por mí, por Angola, por Ábalos, por el presidente del Gobierno, por la ministra de Defensa, por Delcy, por las maletas... por todo".
El texto pone el foco en las negociaciones para conseguir el pago de 200 millones de dólares a Globalia/Air Europa retenidos por el Gobierno de Venezuela, que sitúa en el origen de los hechos. Subraya que a Aldama se le ocurre organizar la trama de comisiones en la compraventa de mascarillas para el Gobierno en sus visitas al Ministerio de Transportes por la deuda con los Hidalgo.
Recibió el informe Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación Delorme, el pasado 2 de febrero. El 5 de febrero el BOE publicó una catarata de ceses y nombramientos en la AEAT. Entre los cesados, destacan el director de Inspección y número dos de la AEAT, Javier Hurtado, y la delegada Especial de la AEAT en Aragón, Paloma Villaró, responsables últimos del informe. De hecho, del sumario se desprende que los informes previos del Fisco eran estrictamente tributarios.
Los dos principales responsables de su custodia son la delegada Especial de la AEAT en Aragón y el director de Inspección, dos de los únicos cargos que tienen capacidad para denunciar delito fiscal.
Por qué Burillo
Burillo (Zaragoza, 1964), es un inspector de gran experiencia y muy respetado. Fue delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña y en Baleares. En las Islas estuvo entre 2004 y 2010 y es conocido porque le tocó lidiar con los casos de corrupción Palma Arena o Noos. Ha dicho en varias ocasiones que "había elementos suficientes para pensar que sí había delito de la Infanta Cristina".
Finalmente fue cesado como delegado Especial en Baleares y volvió como inspector a Zaragoza en 2016. Burillo fue asesor económico de Pablo Echenique cuando fue candidato de Podemos a la Presidencia de Aragón en 2015 y concurrió en las pasadas elecciones municipales del 28-M a la Alcaldía de Zaragoza por Aragón Existe.
En junio de 2020 metió a Soluciones de Gestión, la empresa proveedora de mascarillas del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y vieja conocida de la AEAT, en un plan de inspección de las devoluciones de IVA. El motivo fue la devolución solicitada de cuotas de IVA soportado superiores a las devengadas del ejercicio 2019.
Esta empresa, con sede social en Zaragoza, tenía actividades cuestionadas en Angola y estaba prácticamente inactiva. Ingresó en el año 2020 un total de 54,5 millones de euros, frente a los 0 euros de facturación que declaró el año anterior y los 101.058 de 2018.
Estas circunstancias colocaron a un alto funcionario independiente y con gran experiencia que ahora desempeña sus funciones como inspector raso en Zaragoza a cargo de un caso de alto voltaje político nacional.
De hecho, Burillo alertó de que sólo Soluciones de Gestión tenía vinculación con Zaragoza, y que el resto de inspeccionados de la trama estaban domiciliados en Madrid, pero el expediente se mantuvo en Zaragoza y se le autorizó a centralizarlo.
Como ha informado Vozpópuli, en julio de 2021, Burillo tenía ya conocimiento completo de toda la trama a partir de las declaraciones del IVA y el Modelo 347 de operaciones de proveedores y clientes del año de la pandemia que Soluciones de Gestión presentó en el primer semestre de 2021 y de numerosos requerimientos de información a terceros.
En este punto, el informe traslada que "los importantes beneficios obtenidos en 2020, las contingencias fiscales claras que se producen y las dudas enfrentadas en el relato de los hechos por los propios partícipes suponen la necesidad de trasladar su contenido a un ámbito superior".
El 11 de julio de 2021 Pedro Sánchez cesó a José Luis Ábalos como ministro de Transportes, y el 13 de julio, como secretario de organización del PSOE. No ha habido más actuaciones oficiales del Gobierno hasta febrero de 2024.
Que Burillo hubiera elevado sus descubrimientos no ha impedido que este informe llegara al Juzgado en estos términos. Se trata de un texto que el juez sólo encargó el 20 de enero y que recopila su investigación.
En cuanto a los delitos investigados, Burillo ha matizado este lunes que aunque actualmente no se incluye un delito fiscal entre los cuatro contemplados judicialmente, está convencido de que "se investigará".
Aldama mandó vigilarle
El informe de la UCO sobre el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba que trabajaba para la trama Koldo recoge conversaciones en las que Aldama encarga a Villalba que investigue a Burillo, un inspector de Zaragoza que "llevaba pisándole los talones, desde Mallorca". Se trata de buscarle "alguna debilidad, si tiene amante...".
"A mí el año pasado, no sé si fue por mayo, me dijo, oye, ¿puedes filtrarme? Hay uno de la Agencia Tributaria, que está en Zaragoza, macho, que es que me está tocando las pelotas, lleva años tocándome las pelotas y es que a través de mi abogado, le he montado todo y tal, y me dice, ¿me lo puedes filtrar? Y sí es cierto que lo miro. Pero que no tiene nada", cuenta Villalba a otros agentes.
El comadante de la Guardia Civil le dijo a Aldama que no encontraba nada contra el funcionario de Hacienda, y le pidió más información. "No, no, a mí el Gomina [Aldama] sí me pidió, porque tiene que haber uno de Hacienda o de la Agencia Tributaria, que está en Zaragoza y me pidió si podíamos pasarle datos de él. Él está mosca, bueno, él lleva muchos años, o tiempo atrás peleando contra alguien de Hacienda que le está machacando según decía él".
Burillo ha asegurado este lunes que no conocía a Aldama ni a ninguno de los imputados.
Pdomingo3
20/11/2024 01:22
Don Raúl.....le quedan 2 telediarios(profesionales)
zulek66
Mejor que pongan a Begoña,ella es la que más lo merece de todos los españoles:ni título universitario ni charradas…sólo ELLA.
marqueslinchado
Sucio fascista, le rezuma pus de progreso del comentario.