Hacienda dio trato de favor al hermano de Pedro Sánchez para blanquear su situación ante la juez. El Fisco permitió a David Sánchez dar explicaciones sobre su situación fiscal en un trámite de audiencia "totalmente anómalo" para aclarar su polémica situación fiscal que a otro contribuyente no se le ofrecería.
Antes de realizar el informe que le había pedido la juez que investiga al hermano del presidente del Gobierno, la Agencia Tributaria (AEAT) le solicitó más información, con la que elaboró un texto exculpatorio que asegura que ha pergeñado "atendiendo exclusivamente a la información que consta actualmente en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Agencia Tributaria) y a la documentación facilitada junto con el oficio de ese Juzgado".
Para limpiar su situación y poder justificarse ante la juez, la AEAT le pidió al hermano del presidente del Gobierno que "aclarara diversas cuestiones".
Se trata de una forma de operar que recuerda a la del caso Falciani en 2010, uno de los mayores escándalos que ha vivido la AEAT. La Hacienda de Zapatero trató de exonerar a 659 españoles que ocultaban hasta 6.000 millones en cuentas opacas en la sede de HSBC en Suiza, entre ellos, la familia Botín.
La Hacienda de Elena Salgado envió requerimientos para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria, en una decisión que inspectores y técnicos consideraron una "amnistía" que les ahorró cuantías millonarias e, incluso, prisión.
La gran diferencia es que entonces se ayudó a millonarios, pero no había un proceso judicial penal y hasta ese momento la actuación de la AEAT no estaba en entredicho.
En el caso del hermano de Pedro Sánchez, hay una juez instruyendo una causa penal y presión mediática sobre la polémica situación fiscal de David Sánchez y sobre la actuación de la AEAT.
Ahora se quiere ayudar al hermano del presidente del Gobierno y salvar el papel de la AEAT, en medio de un procedimiento judicial.
Precisamente la causa penal ha obligado a Hacienda a retratarse y ha demostrado que no le ha realizado ninguna investigación. En este informe así lo admite y además asegura que no se ha realizado "un procedimiento de comprobación".
Sin la información que aportó Sánchez en ese trámite, el informe sería mucho más genérico. Cuanta más información, más presunción de inocencia, trasladan inspectores y fiscalistas consultados por Vozpópuli.
Esta documentación no se presenta porque sí, sólo porque te la piden, explican. Se declara por Internet, no se aporta nunca documentación. En las leyes actuales y en la práctica, la documentación sólo se presenta cuando es requerida; nadie se justifica de forma preventiva.
"Terribles sospechas"
Cuando la AEAT reclama información, es por comprobación o una carta-aviso para que se presente declaración complementaria cuanto antes.
El Fisco tendría que haber mandado a la juez sólo lo que había en sus bases sobre David Sánchez, lo que tenía, y la juez decidir qué hacer con esa información y si emprendía nuevas actuaciones. Su modus operandi de Hacienda es "totalmente anómalo", para inspectores y fiscalistas.
La Agencia Tributaria no puede arrogarse pedir datos en un procedimiento penal, subrayan, y señalan que actúa "como defensa de David Sánchez" o como un perito de parte, que se supone neutral pero le contrata una de las partes de apoyo. "No se le abre comprobación, se le da un trámite extrañísimo, se le articula su defensa", señalan.
En suma, el informe les parece a los expertos consultados un "encaje de bolillos" que levanta "terribles sospechas", ya que pasa por alto el incremento patrimonial no justificado y el posible blanqueo, además de justificar la pretendida residencia fiscal en Portugal. Todos estos esfuerzos e irregularidades para un caso al que intentan quitar importancia llevan a temer que se ocultan hechos graves.
El informe ha sido además enviado a la juez sin firma ni membrete, lo que muestra que su autor no lo reconoce. Hacienda ha obligado finalmente a firmarlo a tres inspectores tras exigirle la juez el pasado 2 de septiembre la identificación completa, cargo que ostenta y firma digital del funcionario que lo emite.
Tres altos cargos obligados a firmar
Los tres máximos jefes en Extremadura firman ahora un documento del que su autor reniega. En un documento que ha enviado al Juzgado la AEAT pretende ahora que los autores son la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.
Esta firma a tres ha causado estupor entre inspectores y fiscalistas y la atribuyen a que pueden ser destituidos sin motivo y en cualquier momento. Los informes los hace un actuario, no tres, y nunca los elaboran altos cargos.
La juez Beatriz Biedma le reclamó a la AEAT el 18 de junio un "informe" sobre la situación fiscal de Sánchez, incluidas sus declaraciones de la Renta, y datos sobre su residencia fiscal. Quería saber si la residencia fiscal de David Sánchez está en España o en Portugal y, en caso de que estuviera en este último país, cuándo se realizó el cambio de residencia, y si "sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz".
Además, solicitaba las cinco últimas declaraciones de la Renta y pedía a la Agencia Tributaria que indicara si ve "algún indicio de delito contra la Hacienda Pública" y si "puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos".
El informe pasa por alto el incremento patrimonial del hermano de Sánchez durante la pandemia, de 1,5 millones, como avanzó Vozpópuli a partir de sus declaraciones patrimoniales a la Diputación de Badajoz, mientras estaba de excedencia.
Tampoco ve problemático que el investigado sea residente fiscal en Portugal pese a ser empleado público y sólo reciba retribuciones de la Diputación de Badajoz, lo que ha causado estupor entre inspectores de Hacienda.
El padre de Sánchez y el margen de la juez
Ni pone peros a las donaciones que David Sánchez recibió de Pedro Sánchez Fernández, su padre, no suficientemente aclaradas.
En 2021 realizó pagos por valor de 69.072 euros y retiradas en efectivo por 1.870 euros con una tarjeta de crédito en la que figura como autorizado y que está vinculada a una cuenta corriente cuya titularidad es de Pedro Sánchez Fernández en una operativa que recuerda a la de las tarjetas black de Cajamadrid.
A esto se añade que el informe da cuenta de que en enero de 2023 recibió una donación de 240.000 euros de su padre en una transferencia, con la que habría comprado el palacete de Elvas que pagó en marzo de 2023 con dos cheques de BBVA.
¿Qué margen tiene la juez con la AEAT ahora? De entrada, pedirle que investigue y aclare las incoherencias del informe, las donaciones y el incremento patrimonial. Las acusaciones pueden llevar esto ante la juez, aportar información para que ésta oficie a la AEAT.
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