El espionaje de políticos ha elevado la tensión en Cataluña, pero también en el seno del propio Ministerio del Interior. La reunión de mandos policiales celebrada ayer en Madrid para coordinar las pesquisas sobre el escándalo tuvo ayer una lectura particular en el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz: la presencia en la misma, aunque fuera en su parte final, de Ignacio Cosidó, director general de la Policía, es interpretada por el equipo del ministro como un intento del político palentino de blindarse ante los rumores cada vez más intensos de su próximo cese. "Cosidó se ha puesto al frente de las pesquisas para impedir que le fulminen del cargo. Para el Gobierno es más difícil de explicar una decisión de este tipo cuando el afectado se sitúa en el centro de un caso tan mediático", añaden fuentes del Ministerio en una interpretación compartida por los dirigentes del principal sindicato policial, el SUP.

Horas después de la cumbre policial, eran detenidos en Barcelona el director de la agencia de detectives y tres de sus empleados

La reunión, adelantada por algunos medios de comunicación, comenzó sobre las nueve de la mañana en la sede en Madrid de la Dirección General de Policía con sólo dos participantes: el máximo jefe operativo, el comisario Eugenio Pino, y el jefe superior de Cataluña, Agustín Castro. El encuentro, que se prolongó durante dos horas, tuvo como objeto principal coordinar las investigaciones sobre los polémicos informes de la agencia de detectives Método3, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de lo tratado en la misma. Al término de la reunión, ambos mandos policiales mantuvieron un encuentro de media hora con Cosidó en el que, pese al carácter "protocolario" que quisieron darle desde la propia Dirección General, se volvió a hablar del caso y, sobre todo, de cómo abordarlo para evitar una lluvia de informes sobre politicos.

No hubo que esperar mucho para ver los primeros resultados operativos de la reunión. Cuatro personas relacionadas con la agencia de detectives, entre ellas su director, Francisco Marco, quien el viernes pasado se había presentado en una comisaría a denunciar a dos exempleados como supuestos responsables de la difusión pública de informes sobre políticos, eran detenidos en Barcelona. Poco antes, las pesquisas, hasta entonces en manos de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía, encargado de la lucha contra el cibercrimen y que se había hecho cargo de las mismas al llegar a ella las primera informaciones procedentes de un exagente que trabajó en Método 3, pasaban a depender de un grupo de Policía Judicial, responsable de la lucha contra el delincuencia. "Era lo lógico. Lo que no se entiende es por qué se ha tardado seis días desde que estalló el escándalo en hacer el cambio", critican fuentes policiales consultadas por este diario.

Enfrentamiento antiguo

Unos rápidos resultados que hacen aún más complicado un cese, el de Cosidó, que lleva barruntándose desde hace meses en Interior. Los enfrentamientos entre Fernández Díaz y el director general de la Policía vienen de lejos y han provocado que el propio ministro no oculte en privado su deseo de un pronto relevo al frente de la Policía. Sería el quinto cargo de su departamento defenestrado en el poco más de un año transcurrido desde la llegada del PP al poder. Algunas fuentes destacaban ayer que el ministro había suspendido un viaje a Barcelona para participar en un foro sobre ciberdelincuencia para intentar evitar, precisamente, la 'jugada' del que aún es su subordinado. Desde el Ministerio, sin embargo, se insistía ayer a este diario que Fernández Díaz había renunciado en el último momento a desplazarse a la Ciudad Condal por discrepancias con la empresa organizadora del acto, Microsoft, sobre el formato del mismo.

El enfrentamiento entre Cosidó y Fernández Díaz viene de abril de 2012, cuando se supo que la Policía investigaba el caso del ático del número 2 de Esperanza Aguirre

Una última escaramuza en una guerra soterrada que se inició en abril de 2012 entre dos políticos que pertenecen a familias distintas del partido. Entonces se difundió un supuesto informe policial que relacionaba al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con la supuesta compra irregular de un ático del que disfrutaba en Marbella. El escándalo le costó el puesto a dos mandos policiales, entre ellos el recién nombrado comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, que había iniciado las pesquisas sin comunicárselo a sus superiores, el comisario Pino y el propio Cosidó.

Tras apagarse ese incendió, en verano surgió otro. De nuevo un informe policial era aireado, éste con graves acusaciones de corrupción contra exaltos cargos de Interior en la época del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del mismo. En el epicentro del escándalo, la empresa Interligare y un inspector jefe que supuestamente había amenazado al jefe de gabinete del director general de la Policía con filtrar sus investigaciones a la prensa si no le promocionaban. Al final, Asuntos Internos llevó ante el juez al agente, pero el escándalo se llevó por delante al jefe de gabinete de Cosidó. El caso se sigue investigando en un juzgado de Arganda del Rey bajo un secreto de sumario que se ha ido prorrogando desde que se abrió la investigación.

Las cuentas suizas de Mas

Sin embargo, el gran escándalo policial llegó a finales de octubre, a unos días del comienzo de la campaña electoral catalana. Agentes anónimos airearon entonces un supuesto borrador que acusaba al candidato de CiU, Artur Mas, y a la familia del expresidente Jordi Pujol de tener cuentas en Suiza. La salida a la luz del polémico documento coincidió con la extraña visita de dos mandos policiales a los dos fiscales anticorrupción de Barcelona en la que pidieron a los representantes del Ministerio Público detenciones de cargos del partido nacionalista y registros de sedes en base a informaciones anónimas. Jorge Fernández Díaz salió en apoyo de ambos policías, mientras Cosidó, que no había sido informado del encuentro, se puso 'de perfil' y evitó pronunciarse.

Finalmente, la gota que colmó el vaso de la paciencia del ministro fue el reciente informe policial, en pleno escándalo Bárcenas, sobre los pagos de la trama Gürtel al exmarido de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, a la que también salpicaba. Fernández Díaz no salió en defensa de los autores de detallado documento durante la celebración del Comité Ejecutivo del PP en el que su propia compañera de Gabinete criticó duramente los 80 folios del mismo. Un silencio significativo que volvía a dejar a Cosidó contra las cuerdas, situación de la que ahora intenta salir poniéndose al frente de la investigación sobre Método 3.