La empresaria Carmen Pazos Bejarano, exsocia en el negocio de las guarderías de la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Lourdes Cavero, informó en su declaración como imputada al juez que instruye en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, de que Pilar Cavero, hermana de Lourdes, le había enviado un correo electrónico en el que le pedía que no diera su nombre al magistrado, según la grabación de la declaración, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Me pidió expresamente, y tengo el correo por ahí también, que por favor no la nombrara si no era necesario", explicó la empresaria sobre Pilar Cavero, que no está imputada en el caso 'Lezo'. Pazos Bejarano, propietaria al 40% del Grupo de guarderías Chickies SL, justificó al juez el motivo de su delación: "Yo no voy a callar, yo vengo a decir toda la verdad que pueda y a colaborar con ustedes en todo".
En su testimonio también lamentó que Pilar Cavero no haya sido llamada a declarar por el juez: "El que yo esté sentada aquí y su hermana no esté aquí sentada o no sea llamada... su hermana es una de las firmantes de esa sociedad", dijo en referencia a la participación de Pilar Cavero en Chickies SL, empresa con la que, según la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, González podría haber blanqueado hasta 400.000 euros.
Vozpópuli ha tratado de conocer, sin éxito, la versión de Pilar Cavero, que es socia de honor de Cuatrecasas y consejera de Abengoa. Precisamente, la Cadena Ser informó el pasado 7 de febrero de que la cuñada del expresidente madrileño gestionó con Ignacio González el informe que hizo Cuatrecasas sobre la compra de Inassa por parte de la empresa pública de aguas en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. Con esta adquisición, el Canal de Isabel II pudo haber perdido un mínimo de 25 millones de euros.
En el sumario del caso 'Lezo' figura un correo electrónico, publicado por la Cadena Ser, dirigido al director general del despacho con copia al adjunto en el que Pilar Cavero asegura que es González quién le había pedido el encargo y quien había impuesto las condiciones del trabajo. Un informe de “máxima confidencialidad”, que debía pagarse incluso bajo una operativa opaca "desde otras sociedades diferentes” con el objetivo de buscar "agujeros o zonas grises" en la brasileña Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
Además, Pilar Cavero fue una de las autoras de otro conocido informe: en este caso en el que se basó Telemadrid, cuya dirección estaba bajo control de Ignacio González, para despedir a 861 trabaajdores en el ERE de la cadena pública madrileña. La adjudicación del contrato a Deloitte y Cuatrecasas la llevó a cabo el entonces director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ahora presidente de RTVE.
El informe, que incluye a Pilar Cavero en primer lugar entre los componentes del equipo de trabajo, tuvo un coste de 140.000 euros más IVA. En sus conclusiones, Pilar Cavero y los otros responsables del mismo contemplaban la extinción de puestos de trabajos y la "externalización de determinadas áreas funcionales de Radio Televisión Madrid". El Tribunal Supremo dictaminó que el ERE "no estaba ajustado a derecho".
En la actualidad, el colectivo de extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid ejerce la acusación popular tanto en el 'caso del ático de lujo' de Estepona de Ignacio González como en el procedimiento 'Lezo'.
