Imputados por la fraudulenta compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña del agua, se han aferrado a la paralización de los plazos procesales del estado de alarma para reclamar al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, que anule su decisión de sentarles en el banquillo de los acusados, según consta en diferentes escritos a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
Y esta estrategia pasa primero por conseguir que el instructor anule una providencia, de 20 de abril, en la que García Castellón había otorgado un plazo extra de cinco días, tras finalizar el estado de alarma, para que los imputados pudieran presentar sus escritos de defensa. Según esta resolución del juez, y al reanudarse los plazos el 4 de junio, la fecha límite sería el 9 de junio.
Sin embargo, el letrado del exdiputado por el PP en la Asamblea de Madrid Pedro Calvo considera que no hay que incluir en el cómputo los días de pandemia, en la que se han congelado los plazos procesales. Esto sería entre el 14 de marzo y el 4 de junio, casi tres meses. Y por eso considera que al otorgar cinco días, en realidad lo que hace el juez es restringir el tiempo para defender a su cliente, ya que el instructor había concedido en el auto de 5 de marzo un total de 30 días.
"Ha reducido el plazo para presentar el escrito de defensa a cinco días, desde que se deje sin efecto el estado de alarma. Y ello constituye una infracción que disminuye notablemente las posibilidades de defensa de los acusados. Provoca indefensión", concluye el abogado de Pedro Calvo, que no cuenta los días en los que los plazos procesales han estado congelados por la pandemia.
Otras quejas
Los letrados también han planteado otras quejas por la instrucción realizada por el juez durante la crisis de la covid-19. En concreto, la defensa del que fuera director gerente del Canal de Isabel II durante la compra de Inassa, Arturo Canalda, ha lamentado que durante el estado de alarma, el juzgado ha incorporado más documentación al sumario.
Al mismo tiempo, ha asegurado que una carpeta denominada "Pieza Reservada" que forma parte del sumario solo ha podido ser consultada en el propio Juzgado: "Por tanto, el acceso a esta Pieza Reservada propuesta por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación como prueba documental es imposible a las partes durante la duración del estado de alarma", destaca el letrado.
Por eso, el letrado de Calvo ha reclamado la suspensión de los plazos y de los emplazamientos, "hasta tanto no se haga entrega a las partes, de forma personal y con la debida seguridad sanitaria, de todos los escritos de acusación; y ello que se realice con las debidas medidas de seguridad sanitaria, incluso la suspensión hasta el fin de la crisis sanitaria, de todas las citaciones, plazos y actuaciones".
La anulación
Los abogados de los procesados Pedro Calvo, Arturo Canalda, Roberto Sanz Pinacho y Santiago García Benavides ya habían pedido la anulación de la causa al considerar que no habían tenido acceso a los escritos de las acusaciones populares, en concreto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
En concreto, el abogado de Pedro Calvo asegura que "no ha encontrado los escritos de acusación" en el sumario: "Y si se encuentran en esa plataforma, no sabe desde que fecha. Y sin disponer de los escritos de acusación, que han de ser notificados a los acusados, no se puede ejercitar adecuadamente la defensa, ni pueden transcurrir los plazos", zanja el letrado.
"No procede"
Sin embargo, el instructor ya había rechazado la queja de las defensas, pues en su providencia aseguraba que todas las partes disponían del sumario en la intranet de la Audiencia Nacional: "Y no procede la nulidad solicitada, toda vez que tiene en la plataforma la totalidad de las actuaciones, desde el día 18 de marzo de 2020", según consta en una providencia, de 12 de mayo.
En el caso de Inassa, el juez y la Fiscalía anticorrupción acusan a 22 excargos de la Comunidad de Madrid de comprar esta empresa colombiana en 2001 por un valor de 73 millones de euros, con un sobreprecio cercano a los 30 millones de euros.
El magistrado había dictado el 5 de marzo dos autos de apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de las piezas separadas en las que se ha investigado la presunta compra fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de las empresas latinoamericanas Inassa y Emissao.
