El juez del caso Villarejo ha librado una orden internacional de investigación a Reino Unido en el marco de las pesquisas sobre la tarjeta que fue robada a la exasistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. La decisión tiene lugar justo después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional reiterara su intención de mantener al líder de Podemos sin la condición de perjudicado en la causa.
Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado ha requerido "averiguar el estado en que la empresa Recuperación Express recibió la tarjeta remitida en fecha de 29/09/2017 por Ricardo Sa Ferreira", esposo de Bousselham. Ha pedido que se aporte "documentación que guarde la empresa (incluidas fotografías y descripción) del estado en que se encontraba la tarjeta, y de las actuaciones que se realizaron sobre la misma".
En el marco de la orden de investigación, se ha solicitado a las autoridades británicas que faciliten la identificación de la persona que recibió la tarjeta, "así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa".
Estos dos últimos, según ha precisado en el auto, deberán comparecer en un interrogatorio "para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta".
Investigación de la Policía Científica
Tal y como publicó Vozpópuli, la Policía Científica analiza desde hace una semana el modo en el que fue destruida la memoria SD. Esta investigación será clave para determinar si Iglesias la inutilizó de forma deliberada, según explican a este diario fuentes jurídicas. En concreto, el trabajo policial encargado por el juez pretende comprobar si la memoria fue destruida de forma expresa, como declaró el 18 de mayo la propia Bousselham; o por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo, según indica un escrito firmado el 27 de mayo por la exasistente, y que fue enviado al Juzgado.
