María José Santiago renunció a la presidencia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) el mismo día en el que el organismo presentó un informe crítico sobre la publicidad de los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario con el que combatir el coronavirus.
El pasado 23 de junio la Oirescon presentó la última actualización del Informe Especial de Supervisión de la Publicidad de los Contratos Tramitados por Emergencia durante el Estado de Alarma derivado del Covid-19. En el mismo se advierte que "existe una publicidad asimétrica", que hay "errores" en las publicaciones, "incoherencias", y llama la atención sobre la falta de medios del organismo.
Ese mismo día, el consejo de administración de la empresa pública Tragsa comunicó el nombramiento de María José Santiago como nueva directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal. La compañía aseguró que el proceso de selección se había llevado a cabo "de acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad que rigen la política de contratación de las empresas públicas".
"Algunas Administraciones no están cumpliendo adecuadamente la obligación de publicación o existen ciertos retrasos en las mismas", dice la Oirescon
Santiago fue elegida como presidenta de la oficina que supervisa los contratos públicos a mediados de 2018, por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para un periodo de seis años. La Oirescon se creó en julio de ese mismo año con el fin de velar por la transparencia de los contratos públicos.
La que fuera presidenta de la Oirescon, que cuenta con un brillante currículum como funcionaria pública, ha abandonado el cargo cuando está pendiente todavía la elaboración de un informe anual por parte del organismo en el que se detallará el análisis y supervisión del contenido de los anuncios de formalización de los contratos tramitados por vía de emergencia.
Contratos valorados en 2.140,5 millones
El último informe de la Oirescon sobre los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario con el que combatir el coronavirus, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, advierte que, del estudio que se ha realizado. "cabe destacar que existe una publicidad asimétrica" de los datos presentados por las distintas administraciones.
La Oirescon señala que, habida cuenta "de la inseguridad e incertidumbre que ha despertado la publicidad de los contratos por vía de emergencia", debe insistirse en que "no puede asegurarse que se hayan publicado todos aquellos contratos que se hayan realizado en la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19, bien porque aún no ha transcurrido el plazo legal para publicarlos, o bien porque se ha incumplido dicha obligación legal de publicidad".
El organismo ha detectado "incoherencias respecto a las cifras indicadas en los campos de valor estimado, presupuesto base de licitación y precio de adjudicación"
El organismo concluye que se puede deducir del estudio realizado "que algunas Administraciones no están cumpliendo adecuadamente la obligación de publicación o existen ciertos retrasos en las mismas".
El informe del organismo supervisa 11.177 contratos tramitados por vía de emergencia publicados en las plataformas de contratación del conjunto del sector público, que suman 2.140,5 millones de euros.
Información poco precisa
La Oirescon explica que la finalidad de la obligación de publicidad contractual es garantizar los derechos
de potenciales licitadores de cara a la eventual interposición de unrecurso contencioso administrativo contra dichas adjudicaciones.
La Oirescon lamenta la falta de medios informáticos con la que cuenta
Sobre el gasto público de los contratos tramitados por vía de emergencia puestos en conocimiento de los órganos de Gobierno, el informe del organismo indica que de la información facilitada por las distintas administraciones, en términos económicos, "no siempre se ofrece información, o la información no es
suficientemente precisa respecto del gasto que representan estas operaciones de emergencia".
El informe da cuenta de que, en el gasto público de los contratos tramitados por vía de emergencia puestos en conocimiento de los órganos de Gobierno, 146 actos que han sido objeto de publicidad en las páginas web institucionales "no indican la cuantía de las operaciones a las que se refieren".
La Oirescon destaca la elección del procedimiento negociado sin publicidad como la opción más frecuente del órgano de contratación para publicar los contratos tramitados por emergencia, incluso para aquellos contratos que, por su cuantía, podían haber sido tipificados como contrato menor.
En varios expedientes de contratación pública el organismo ha observado "que la publicación responde a un expediente de gasto y no a un contrato". En estos casos, explica, se ha publicado, como un único contrato y con un único número de expediente, "varios adjudicatarios, sin especificar la existencia de lotes". En estas publicaciones de contratos, "además se indica un valor estimado o prepuesto base de licitación distinto y superior al precio de adjudicación agregado".
Incoherencia en las cifras y falta de medios
El informe de la oficina dependiente de Hacienda indica que, en algunas publicaciones, se han observado "incoherencias respecto a las cifras indicadas en los campos de valor estimado, presupuesto base de licitación y precio de adjudicación".
En unos contratos el valor estimado es mayor que el presupuesto base de licitación y el precio de adjudicación, advierte la Oirescon. El informe indica también que se han identificado "una serie de publicaciones con anomalías o confusión de conceptos que no permite identificar de forma adecuada la publicación individualizada de cada contrato, y, en consecuencia, la información que debe constar en el correspondiente anuncio".
La Oirescon llama la atención sobre las dificultades que actualmente existen para la obtención de datos económicos, algo que el organismo ya denunció en el Primer Informe Anual de Supervisión remitido a la Comisión Europea el 27 de diciembre de 2019.
Entre esas dificultades el organismo menciona "la falta de medios informáticos y una herramienta de explotación de datos adecuada"; la falta de información en el contrato publicado (por no haberse cumplimentado por parte de los órganos de contratación); y la distinta métrica utilizada por los órganos de contratación en los distintos contratos.
