El caso Dina encara esta semana la recta final con la declaración de tres protagonistas de la investigación abierta por el robo de la tarjeta de la exasesora de Pablo Iglesias. Se trata de tres testificales que el magistrado del caso Villarejo ha tenido que acordar por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tras ellas, volverá a zanjar la instrucción dejando a los pies del banquillo al comisario jubilado y los periodistas implicados en los hechos. Antes de ello ha declinado imputar a Pablo Iglesias, cerrando la puerta de esta forma a que el exlíder de Podemos rinda cuentas por este episodio.
El instructor ha resuelto la petición de Vox, que litiga como acusación popular, y lo ha hecho tumbando este último intento de citar como investigado al exlíder de Podemos. El juez explica en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que no han aparecido en este tiempo indicios nuevos que acrediten las sospechas de que tuvo algo que ver con el destrozo y filtración en prensa de la tarjeta SD que robaron a Dina Bousselham en noviembre de 2015. Por ese motivo no solo rechaza la diligencia sino que también confirma que no habrá más prórrogas para indagar el asunto.
“Pese a lo alegado, ha de concluirse que no existen méritos suficientes para que se reforme el auto impugnado. Debe recordarse el contenido del informe de la Policía Científica, recibido en fecha 24 de enero de 2022. De él se infiere que no era posible determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono, ni concretar su autoría. Por ende, no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al Sr. Iglesias Turrión. En el recurso no se especifica cuáles son los indicios de los que se deriva la necesidad de practicar dicha diligencia de investigación, por lo que únicamente se sustenta en sospechas”, responde.
Del informe de la Policía se infiere que no fue posible determinar los daños en la tarjeta del teléfono ni concretar su autoría. No se dan los presupuestos para atribuir tales hechos a Iglesias
Del mismo modo también descarta alargar las diligencias del conocido como caso Dina. El plazo vencía el pasado mes de enero, de manera que, de haber querido continuar investigando, tendría que haberlas prorrogado medio año más. Según responde ahora, Vox tampoco razona por qué habría que dilatar esta investigación, sino que se basa en “supuestos hipotéticos, en posibilidades y futuribles”. Por ese motivo, recuerda, esta instrucción está agotada. A falta, eso sí, de tomar declaración este próximo miércoles a Dina Bousselham, su expareja Ricardo Sá Ferreira y el 'exnúmero dos' de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
No expulsa a Vox del caso
Con todo, da una de cal y otra de arena a la formación que lidera Santiago Abascal, ya que también descarta expulsarles del caso Villarejo como pedían tanto Iglesias como Bousselham. García Castellón recuerda que la formación política ha cumplido todos los requisitos legales para ejercer la acusación popular en esta pieza décima del caso Tándem y no se aprecia que se haya producido fraude de ley. De esta forma, el magistrado da luz verde a que Vox continúe en estas diligencias que, tras seguir los cauces reglamentados, terminarán casi con total seguridad en vista oral.
García Castellón escuchará a los últimos testigos de la investigación antes de volver a sentenciarla. Lo hace después de que la Sala de lo Penal diera la razón a parte de los implicados en esta pieza que entienden que el juez cerró el falso las pesquisas y que quedaban pruebas por practicar. Es el caso de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que Bousselham (que ha declarado hasta en dos ocasiones en el procedimiento), debe volver a comparecer para que se pronuncie sobre algunos de los aspectos que han quedado todavía sin aclarar.
Ella misma así lo solicitó al juez después de que en su última comparecencia, en mayo de 2020, asegurara que Iglesias recibió la tarjeta intacta de manos de los periodistas en enero de 2016 y se la devolvió en verano de ese año sin que ya la pudiera utilizar. La exasesora del exlíder de Podemos rectificó en escritos posteriores asegurando que ella no incriminaba a Iglesias y reiterando que detrás del robo de su teléfono móvil se encontraba la policía patriótica con Villarejo a la cabeza. También negó ser la responsable de la filtración en prensa de los pantallazos que contenía el dispositivo y recordó que el comisario ocultaba en su domicilio parte de este material secreto.
La versión de Dina
La Sala de lo Penal también consideró pertinente que declare su expareja. Ricardo Sa Ferreira fue el que contactó con la empresa Recuperación Express para tratar de acceder al contenido de la SD. Así consta en los correos que se intercambió con los responsables de esta compañía. En los mismos explicó que, finalmente, declinaba aceptar los servicios ya que iban a suponer un coste demasiado elevado debido al nivel de destrozo del dispositivo. Al respecto, la Sala de lo Penal entiende que su testimonio sirve para "explicar algunas lagunas" en relación a su anterior declaración ante los investigadores.
En último lugar se encuentra Eugenio Pino. En su caso, el objetivo es que esclarezca la versión de los periodistas acusados en este procedimiento por haber entregado a Villarejo la tarjeta que llegó a Interviú. Según explicaron, lo hicieron porque se les dijo que la Policía Nacional estaba investigando al partido por una presunta financiación irregular. El juez, no obstante, les atribuye delito de revelación de secretos con la entrega de esta tarjeta que ellos mismos visualizaron y declinaron publicar al constatar que contenía material privado de Bousselham y de Iglesias.
Con todo la Sala de lo Penal descartó otras diligencias. Así, por ejemplo, desestimó la petición de Dina y de Iglesias de citar al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (este último imputado en el caso Kitchen). La Sala alegó entonces que no guardaban relación directa con los hechos y que no cabía escucharles, al menos hasta que declarase Eugenio Pino. El magistrado tampoco lo contempla.
Las incógnitas sin resolver
Con todo, la causa llegará a juicio tras más de 3 años de investigación sin que se esclarezcan las principales hipótesis, que son averiguar cómo y cuándo se destrozó la SD, el tiempo exacto que la tuvo Iglesias en su dominio o quien fue el autor de la filtración. Al respecto cabe recordar que el propio Villarejo aseguró en sede judicial que él no formó parte de ninguna operación para robarle el teléfono y dijo que Bousselham difundió conversaciones comprometedoras de líderes de Podemos por "despecho" a Iglesias.
Aunque el juez otorgó la condición de perjudicado al exlíder de Podemos, las diligencias practicadas le llevaron a señalarle como el principal sospechoso de estos hechos. Por ello, redactó una exposición razonada y la remitió al Tribunal Supremo para que investigase al entonces aforado por la comisión de tres delitos. El alto tribunal se la devolvió y le dijo que tenía que agotar la investigación antes de volver a enviarla. El Supremo dijo que, entre las pesquisas pendientes, estaba la de tomar declaración a Bousselham para que aclarase si se sentía damnificada por estos hechos.
El juez, sin embargo, dejó en barbecho esta diligencia a la espera de recabar el resultado de las pesquisas policiales. Hace un año encargo a la Policía Científica que volviera a examinar la SD de Dina para tratar de averiguar cómo se rompió y cuando. Los agentes respondieron hace menos de dos meses sin desvelar las principales incógnitas debido al mal estado del dispositivo. Ello despejó el camino judicial de Pablo Iglesias, a quien ahora el juez vuelve a descartar su imputación por ausencia de pruebas.
