El caso por la caída del Banco Popular ha celebrado esta pasada semana una de las declaraciones más trascendentales en los cuatro años de causa penal en la Audiencia Nacional. Los investigadores aguardaban con especial interés la testifical de Jesús Fernández Martínez Usano, el inspector del Banco Central Europeo que supervisó los últimos meses de vida de la entidad antes de acabar resuelta por la JUR. El perito dedicó dos sesiones en sede judicial para ratificar sus informes en los que alertó de un déficit de provisiones superior a los 1.000 millones de euros y de créditos mal calificados.
Su testimonio es especialmente relevante debido al momento procesal de esta causa que arrancó en octubre de 2017 para esclarecer los verdaderos motivos de la caída del banco. Tras escuchar a imputados y testigos, en la última etapa el magistrado José Luis Calama Teixeira trata de recabar información del BCE, como es la relativa a las tasaciones del Popular, para averiguar si están o no infladas. Del mismo modo también consideró clave citar a dos inspectores del organismo que supervisaron la actividad del banco hasta su resolución en junio de 2017.
Por ello citó a Manuel Caro Jiménez en primer lugar y a Martínez Usano, en segundo. Los investigadores ya advirtieron que este último testimonio era determinante para depurar responsabilidades por la caída del banco ya que estuvo presente en todo el proceso de supervisión. De hecho, ha tenido que acudir dos días seguidos a la Audiencia Nacional para responder por dos informes concretos: uno sobre reestructuración de deuda del Popular que data de septiembre de 2016 y otro posterior, de enero de 2018, sobre los activos adjudicados del banco.
Análisis limitado
Fuentes presentes en la declaración consultadas por Vozpópuli destacan que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 le felicitó por este trabajo, aunque se mostró sorprendido con sus conclusiones. Así, por ejemplo, llamó la atención por el volumen de créditos que el banco clasificó como normales aunque fueran dudosos y por la dotación de provisiones. El inspector ha confirmado que hubo un déficit de coberturas de entre 1.100 y 1.300 millones de euros en el ejercicio de 2016 porque no se liberaron de forma correcta.
Cabe recordar que en su primer informe ya advirtió que tuvo especial dificultad para analizar los deterioros de una muestra de 100 acreditados debido a la cantidad de defectos. Por todo ello, a principios de abril de 2016 (año en que el banco acometió su última ampliación de capital) el equipo inspector del BCE solo había conseguido analizar el 75% por ciento de la muestra, aunque la misma ya contenía cifras significativas de reclasificaciones a dudoso, déficit de provisiones por deterioro y falta de identificación de préstamos refinanciados.
La dureza de las conclusiones del inspector (que concluyó que las provisiones por deterioro estaban por debajo del 25%) choca con la tesis de los peritos del Banco de España, que sostienen que la entidad, a fecha de su resolución, era solvente y que cayó por una fuga de depósitos que solo entre abril y junio de 2017 alcanzó los 16.000 millones de euros. Con todo, el magistrado también se interesó en otros dos puntos determinantes: la red luxemburguesa del Popular y en si las operaciones se clasificaron cumpliendo con la normativa contable.
Normativa del BdE
En lo que respecta al primero de los puntos, el inspector precisó que cuando descubrió las operaciones del banco con sociedades de Luxemburgo le pareció anómalo. En su segundo informe analizó la agrupación de todas estas sociedades en el Grupo Thesan y plasmó sus sospechas acerca de que el Popular en realidad estuviera tratando de encubrir activos adjudicados a través de ese supuesto inversor.
Otro de los puntos clave que salió a relucir en la declaración fue si el banco actuó acorde a la Circular 4/2004 del BdE sobre el análisis y cobertura del riesgo de crédito. Al respecto Calama tomó la palabra para recordar que, desde el punto de vista contable, el marco regulador es el Banco de España y no la normativa internacional y que el Popular, tanto en las memorias como en los informes que se depositan en la CNMV, hizo referencia a que respetan las circulares del supervisor. El BCE concluyó sobre este asunto que tras la modificación de la circular en diciembre de 2016 la entidad se "apartó completamente" del criterio normativo en lo relativo a las provisiones.
Aportará más documentos
Al escuchar todos sus argumentos, el magistrado le pidió que aportase a la causa más documental sobre los acreditados relativa, por un lado, a inspecciones anteriores sobre el Popular y, por otro, a todos los correos que se intercambió el inspector con los gestores de la entidad entre febrero y abril de 2016 para realizar el primero de sus informes. El objetivo del magistrado es averiguar si el motivo de la resolución del banco se debe a una mala gestión durante la presidencia de Ángel Ron o bien, por el contrario, fue bajo la etapa de Emilio Saracho cuando la entidad perdió todo su valor.
Ambos expresidentes están imputados en esta macrocausa que el primer instructor, Fernando Andreu, dividió en dos piezas. La primera para esclarecer lo relativo a la etapa de Ron (incluida la ampliación de capital de 2016 y la supuesta financiación velada de acciones) y, la segunda, centrada en las filtraciones que salieron del banco ya en sus últimos meses de vida con información negativa de la entidad con la que se habría buscado hacer caer el valor de la acción del entonces sexto grupo bancario del país.
