El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska activó con motivo de las últimas elecciones generales un plan de ciberseguridad que incluía la vigilancia ante la aparición de fake news que pudiesen alterar la intención de voto. El plan, desarrollado por la Secretaría de Estado de Seguridad, daba la orden de informar a Moncloa. A diferencia del polémico comité para combatir la desinformación anunciado esta semana por el Gobierno, en este caso el peso de las actuaciones correspondía a las fuerzas de seguridad.
“En aquellos casos donde se detecte, tras un primer análisis, la existencia de una posible campaña de desinformación o de un incidente de fake news, que pudiera contribuir a cambiar el sentido del voto o perjudicar a alguno de los actores involucrados en la campaña electoral, el CNPIC informará además al Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia de Gobierno”, indicaba esta orden emitida en su día por la Secretaría de Estado de Seguridad y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El CNPIC son las siglas del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, integrado dentro de la estructura del Ministerio del Interior. Esta indicación estaba recogida en la Instrucción 11/2019 sobre “La coordinación de la seguridad con motivo de la celebración de elecciones a Cortes Generales el 10 de noviembre de 2019". En concreto, formaba parte de un anexo específico que consistía en un “Protocolo sobre medidas de actuación y coordinación en materia de ciberseguridad”.
Interior se basaba en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 12 de abril de 2019 que concibe el ciberespacio como “un vector de comunicación estratégica, que puede ser utilizado para influir en la opinión pública y en la forma de pensar de las personas a través de la manipulación de la información, las campañas de desinformación o las acciones de carácter híbrido”.
Se encomendaba a los Cuerpos de Seguridad del Estado tareas de “vigilancia y monitorización en las redes y sistemas de información acerca de objetivos, individuos y colectivos implicados en posibles actividades de carácter subversivo o delictivo, así como las herramientas de ataque que éstos puedan emplear”. Para ello se encargaron informes semanales: "La vigilancia se llevará a cabo sobre fuentes abiertas (redes sociales, servicios de mensajería, foros, b/ogs y webs -Twitter, Facebook, lnstagram, etc.-) y en Deep Web (foros, enlaces onion, etc.)”.
Informes semanales
No se hace mención expresa a medios de comunicación, aunque se estipulaba que los informes debían contener “enlace a la publicación o descripción del lugar dónde se produjo el hallazgo” y ahí se incluye desde “red social, servicio de mensajería, blog, web, onion, etc”. También “fecha y hora de publicación” así como “fecha y hora del descubrimiento”. Las fuerzas de seguridad tenían que detallar también el “perfil al que se le atribuye la información” y un “análisis preliminar del perfil” sobre su “nivel de fiabilidad”.
Esta vigilancia permaneció activa entre el 14 de octubre y el 15 de noviembre y estaba centrada en detectar posibles campañas de desinformación, pero también de posibles ataques contra el sistema tecnológico electoral. En aquellas fechas se habían producido ya las protestas en Cataluña contra la sentencia del procés, la plataforma Tsunami Democràtic convocó movilizaciones durante la jornada de reflexión de las elecciones y ya se habían detectado campañas organizadas a favor del independentismo catalán en las redes sociales.
En sus explicaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad recordaba que la Comisión Europea propuso en septiembre de 2018, mediante una Recomendación, un conjunto de medidas con vistas a "reducir los riesgos en las próximas elecciones" al Parlamento Europeo de mayo de 2019, derivados de la desinformación en línea y de los ataques contra la infraestructura electoral y los sistemas de información.
