El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, investiga si el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pudo cometer algún tipo de delito al entregar "quemada" a su exasistente en el Parlamento Dina Bouselham la tarjeta SD que le había sido robada, según consta en un auto de 25 de mayo, en el que acuerda retirar al líder de Podemos la condición de "perjudicado".
García Castellón ha considerado que la condición de perjudicado "en este momento resulta insostenible toda vez que las diligencias practicadas no han podido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna, pero además, las contradicciones desgranadas [...] exigen un esfuerzo investigador que resulta incompatible con la situación procesal", concreta el juez.
El instructor, que investiga los posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por los que robaron y después filtraron contenidos del móvil de la exdiputada de Podemos Dina Bouselham, ha recalcado que los hechos protagonizados por Iglesias "exigen un mayor esfuerzo probatorio" porque "existen dudas más que razonables sobre la infracción", destaca García Castellón.
No a la Fiscalía
En el mencionado auto, el juez ha desestimado la petición de la Fiscalía anticorrupción, que había reclamado una nueva comparencia de la exasistente Dina Bouselham, para que esta especificara de forma expresa contra qué personas ejercía la acción penal, y si otorgaba el perdón expreso contra alguien, aunque sin concretar a quién.
Y el juez ha rechazado estos términos del ministerio público al considerar que la Fiscalía pueda pretender que ante el perdón de la asistente se podría extinguir la acción penal: "Acceder a la petición solicitada por el Ministerio Fiscal resulta precipitado, y podría colocar a Dina Bouselham en una delicada situación toda vez el evidente conflicto de intereses que resulta del hecho de ostentar la misma representación procesal que Pablo Iglesias", destaca el instructor.
Y el juez ha dicho esto porque la asistente, como víctima de un delito que comparte la misma representación procesal que Iglesias, "debería contar con el apoyo y la asistencia legalmente prevista ante este tipo de situaciones, para que, en todo caso, se trate de una decisión que no se vea perturbada o influida por la posición o el cargo que ocupa este en la organización política que ambos comparten".
