El magistrado al frente del 'caso Titella' ha dado luz verde a interrogar a José Luis Moreno. Se tratará de la primera vez que el productor declare en sede judicial ya que en su anterior comparecencia tras su detención en junio, prefirió guardar silencio. El magistrado Ismael Moreno acuerda esta solicitud del humorista, el cual, por su parte, ha vuelto a remitir un escrito al juzgado en el denuncia un hostigamiento para que saque a la luz el patrimonio oculto en el extranjero que, según su defensa, no existe.
Así consta en la última documental incorporada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, según la cual el magistrado le responde que le citará a declarar como investigado, aunque no fija fecha para su comparecencia. Además, le recuerda que ya accedió a su petición de interrogar al inversor argentino Alejandro Guillermo Roemmers, cuya declaración también está pendiente de señalarse. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 explica que, igualmente, suma al procedimiento los informes de parte emitidos por Procivitas y Javier Leoz.
Lo que no acepta es su petición de formar pieza separada para desgajar de la causa la producción cinematográfica sobre la vida de San Francisco de Asís. Se trata de un proyecto que impulsó a medias con el magnate Roemmers, el cual le prestó para ello 35,2 millones de euros. Los investigadores solicitaron al ventrílocuo todo el material que tuviera grabado sobre esta producción internacional después de que Rommers apuntara que le había estafado. Moreno lo remitió a la Audiencia Nacional y pidió que se investigase en una pieza separada para preservar la confidencialidad, pero el juez se negó.
El cruce de acusaciones llevó al ventrílocuo a pedir al juez que llamase a declarar a Roemmers, asegurando que la inversión fue real y que se han rodado 35 capítulos de esta serie. Así pues, este será uno de los asuntos sobre los que se pronunciará Moreno, pero no será el único. Tras su detención a finales de junio, el productor compareció en la Audiencia Nacional aunque se acogió a su derecho a no declarar dado que la causa estaba secreta. Tras ello, el juez acordó dejarle en libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 3 millones de euros que después convirtió en fianza hipotecaria a petición de su defensa.
Desde entonces, y coincidiendo con el avance de esta investigación penal sobre una macroestafa bancaria, Moreno ha ido remitiendo diversos escritos a la Audiencia Nacional en los que insiste, principalmente, en que no tiene empresas pantalla ni dinero en el extranjero. Esto mismo ha vuelto a enfatizar en el último escrito remitido al juzgado y recogido por este diario. En el mismo reitera que se le está hostigando para que aflore un patrimonio oculto en el extranjero que, según dice, no existe.
La finalidad del bloqueo de cuentas no es garantizar las responsabilidades, sino que saque a la luz ese ingente patrimonio oculto
El "maná" de la causa
"(El juez) dictó el auto de 1 de julio de 2021, que acordaba la libertad provisional condicionada a la previa prestación de una fianza por importe de tres millones de euros que se exigía en dinero metálico, ello en la convicción de que, ante la tesitura de ingresar en prisión o abonar la fianza, mi mandante revelaría ese supuesto patrimonio inexistente. Ello no ocurrió, de modo que para eludir una injusta prisión provisional, mi representado ofreció como fianza todo su patrimonio inmobiliario, personal, familiar y empresarial, consistente en inmuebles, incluida su propia vivienda, valorados pericialmente en más de 9 millones de euros", explica.
Su defensa añade además que, en la medida en que "no se revelaba el maná de cuya existencia está convencido el juzgado" se procedió al bloqueo de las cuentas tanto suyas como de sus empresas. "De esta forma, o afloraba ese supuesto patrimonio, o deliberadamente se provocaría la muerte física de mi representado, lo que este juzgado, magníficamente empeñado en ello, está próximo a lograr", alega. Por ese motivo vuelve a requerir al magistrado para que desbloquee los fondos bancarios no solo para pagar recibos sino también para recibir ingresos.
"Situación dramática"
Moreno, que ya ha avisado que está en situación límite y hasta que no puede cobrar su pensión de autónomo, recuerda otra vez que se trata de un "absurdo". "Esta decisión es incomprensible, pues si lo que se pretende al acordar el bloqueo de las cuentas es garantizar las responsabilidades pecuniarias, tales ingresos no solo no supondrían merma alguna de las garantías sino que, muy al contrario, las incrementarían. La finalidad no es garantizar las supuestas responsabilidades, que sería legítimo aún no compartiéndose; la finalidad vuelve a ser forzarle a que, si quiere atender sus gastos elementales, 'saque a la luz' ese ingente patrimonio oculto", reza.
En relación a sus empresas reitera que siguen en activo y que esta decisión de la Audiencia Nacional "está afectando irremediablemente" a su continuidad. Al respecto precisa que no puede pagar nóminas a los trabajadores, ni abonar cuotas sociales ni tributarias, ni responder a los préstamos o hipotecas. "La situación es crítica, dramática (...). La convicción del juzgado, en este caso, parece ser la de que tales sociedades son puramente instrumentales, esto es, habrían servido para la comisión de los supuestos delitos, lo que, sin embargo, no se compadece con la realidad", sentencia.
Mientras tanto los investigadores siguen analizando todo el material incautado en el marco de las detenciones y registros del pasado mes de junio en el marco de este procedimiento que arrancó en el año 2018 en los juzgados de Plaza Castilla por presunta estafa bancaria y que ha derivado en una macrocausa con ramificaciones en el extranjero y en la que están implicadas medio centenar de personas.
Tanto es así que el magistrado se ha visto obligado a pedir auxilio a Hacienda ante la gravedad de los delitos fiscales y concluyendo que esta presunta organización criminal tenía varias ramificaciones, una de las cuáles se dedicaría al narcotráfico y posterior blanqueo. De Moreno alegan que se convirtió en "tarjeta de visita" en las entidades para vender las bondades de los proyectos y así poder conseguir los créditos que nunca fueron devueltos. Se apunta a un posible desfalco de 85 millones de euros.
