En los últimos años, los jueces y juezas de violencia de género se han encontrado con serias dificultades para promocionar en el seno de la carrera. Los jueces titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer denuncian la discriminación que sufren en comparación con otras especialidades a la hora de acceder a otros órganos judiciales, al aplicarles los criterios marcados para los juzgados mixtos tanto en los concursos de traslado como en el ascenso hasta una audiencia provincial.

Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, apuntan a la necesidad de promocionar un cambio urgente en la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar lo que, temen, se puede convertir en una huida de profesionales de esta especialidad. El descontento presente en el seno de los jueces de violencia de género ha ido en aumento en los últimos meses, ya que se pretendía que esta problemática pudiera solventarse con la norma estrella del Ministerio de Félix Bolaños. No obstante, el texto impulsado por los socialistas no ha solucionado el problema y, además, concede nuevas competencias a estos juzgados, los cuales ya sufren una importante carga de trabajo. 

En el año 2020, la Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió que los juzgados de violencia sobre la mujer debían considerarse como juzgados mixtos, ya que no sólo tienen conocimiento del orden penal sino que también actúan ante cuestiones civiles, como la custodia de hijos menores o resolver un divorcio. Esta resolución hizo que los criterios de acceso a plazas especializadas cambiasen, generando la paradoja de que todos los magistrados y magistradas de la Carrera Judicial del orden penal que no hayan conocido de violencia de género tengan preferencia sobre los que han ejercido en un órgano con competencia en la materia a la hora de acceder a las plazas en los juzgados de lo penal y en las secciones de las audiencias provinciales especializadas.  

El jurista Juan Moreno Yagüe explica que este problema ya no sólo afecta a aquellas magistradas que quieren poder ascender en su carrera, sino que también penaliza a aquellas juezas de violencia de género que por diversas razones deciden pedir un traslado. "Ahí están las juezas estancadas y sin futuro profesional posible porque le computan la mitad de los años de experiencia como si fuera un juzgado mixto o como si fueran jueces que acaban de salir de las oposiciones", sentencia. 

El pasado mes de marzo, el Consejo General del Poder Judicial acordó elevar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una propuesta para que la permanencia en los juzgados de violencia sobre la mujer (durante el tiempo que se determine) "sea considerada un criterio subsidiario al de la especialización para el acceso a plazas en los juzgados de lo penal y en las secciones de las audiencias provinciales con competencias en violencia de género".

Colectivo formado por una amplía mayoría de mujeres

El órgano de gobierno de los jueces reconoció que el hecho de que aún no se haya puesto en marcha la especialidad y a la consideración como juzgados mixtos de los juzgados de violencia sobre la mujer, está provocando que las vacantes en los juzgados mixtos (los que compatibilizan las funciones ordinarias de instrucción penal con competencias en violencia sobre la mujer) sea de un 21 %, cuando en los juzgados de primera instancia e instrucción es inferior al 12 por ciento. 

Moreno Yagüe añade que, además, esta discriminación se está ejerciendo "sobre un colectivo de profesionales compuesto casi en un 80% por mujeres". Esto ha provocado el surgimiento de una iniciativa liderada por dos magistradas, y a la que se han sumado un centenar de jueces, para pedir una reunión urgente con la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Por el momento, las voces consultadas lamentan la oportunidad que el Gobierno ha dejado escapar al no incluir en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia la modificación del articulado referente a los criterios de acceso a las plazas. Del mismo modo, denuncian la "pasividad" del resto de formaciones al no impulsar en el Senado enmiendas que favorezcan un cambio real y necesario para los magistrados especializados en violencia de género. 

Ampliación de competencias

A esta problemática se une el aumento de competencias que dispone la nueva ley de eficiencia de Justicia, por la que los juzgados de violencia sobre la mujer deben acoger la instrucción de delitos contra la libertad sexual. La norma impulsada por Félix Bolaños cumple con lo prometido en la ley del 'sí es sí' y otorga a las secciones de violencia sobre la mujer la investigación de procesos "para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer o menor". 

Las voces consultadas alertan de que la ampliación de competencias puede provocar el "colapso total" de varios juzgados que por naturaleza ya cuentan con una importante carga de trabajo. Denuncian que desde el punto de vista práctico para ampliar las competencias a instrucciones complejas, como por ejemplo aquellas relacionadas con la trata de mujeres para la explotación sexual, se necesita dotar a los juzgados de más medios. 

La magistrada de la Audiencia Provincial de Tarragona, Maria del Prado Escoda Merino, explica además que si esta nueva carga de trabajo no viene dotada de medios económicos se puede provocar la saturación de los juzgados. "Si a esto unimos el hándicap de que luego no tienen méritos para poder concursar, por ejemplo, a una sección penal o no tienen los mismos méritos que una persona que ha estado en la jurisdicción penal porque se considera que los juzgados de violencia son órganos mixtos, puede provocar una huida de profesionales de esta especialidad", añade. 

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