El juez del 'caso Koldo' ha acordado requerir al comandante de la Guardia Civil investigado, Rubén Villaba, que ingrese en el plazo de cinco días en la cuenta del juzgado 88.119 euros y que en caso de que no lo haga se proceda al bloqueo o embargo de sus cuentas y de las de su esposa -también investigada- que tienen en BBVA, CaixaBank e ING. En un auto, recogido por Europa Press, el instructor Ismael Moreno acoge así el criterio de la Fiscalía que solicitaba esta medida previa petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Explica que, tras el análisis preliminar de las cuentas del comandante, "se han evidenciado ingresos en efectivo de origen desconocido" en por valor de 145.049 euros. Añade que en el periodo que abarca los pagos acreditados del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, a Villalba (2021-2023) estos abonos concentran el 60,75% por un total de 88.119 euros.
En el auto, tras repasar los indicios policiales de su implicación en esta trama que habría buscado lucrarse ilícitamente gracias a la obtención de adjudicaciones públicas para la compra de mascarillas en pandemia, el magistrado indica que del informe policial relativo a este agente se infiere que "formaría parte de la organización investigada, de la que habría recibido pagos, al menos, entre los años 2021 y 2023, realizando funciones de seguridad a favor de sus miembros y a los que habría facilitado líneas de comunicaciones seguras". Relata, por ejemplo, que "figuran varias referencias a posibles pagos de dinero en efectivo a una persona apodada 'R' o 'Rubén', y que se ha identificado después como Rubén Villalba. "Concretamente, de algunos de los archivos se extrae que estaría recibiendo de Víctor de Aldama pagos mensuales por la cantidad de 2.000 euros", añade Moreno.
El magistrado adopta esta medida de afianzamiento monetario después de que la UCO solicitara que se acordaran mandamientos judiciales dirigidos a las entidades bancarias para proceder al bloqueo y embargo de los productos financieros del comandante.
Moreno, en su auto, matiza que se le debe requerir la cantidad de 88.119 euros, y que en caso contrario se debe bloquear cautelarmente sus cuentas y "cualesquiera otras operaciones de activo, pasivo o intermediación en su más amplio sentido, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, seguros, primas o depósitos de cualquier naturaleza". Además, si no aporta ese dinero en la cuenta del juzgado, indica que se bloquearán también los ingresos que entren en sus cuentas corrientes.
El juez recuerda que en esta causa se investiga a una veintena de personas por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación a los contratos de emergencia relacionados con la pandemia COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional.
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