El magistrado José Luis Calama Teixeira va a investigar el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del software Pegasus. El instructor ha incoado diligencias previas para investigar por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos la infección del teléfono de Sánchez los días 19 y 31 de mayo. Se trata de fechas que coinciden con la crisis abierta con Marruecos. De hechos, la primera intromisión de las dos denunciadas por el CNI se produjo apenas 48 horas después del asalto masivo de inmigrantes a través de la frontera de Ceuta.
El instructor ha dado a conocer las fechas en las que Pegasus accedió a los teléfonos móviles de Sánchez y Robles en el auto en el que incoa diligencias de investigación. El mismo tiene lugar menos de 24 horas después de que la Abogacía General del Estado presentara denuncia por este asunto en la Audiencia Nacional. El escrito recayó en el juzgado de Calama, por ser el que estaba de guardia. Tras el reparto correspondiente, vuelve otra vez a este juzgado.
El magistrado no solo defiende la competencia de la Audiencia Nacional para investigar este asunto, sino que avanza que los hechos denunciados en rueda de prensa por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, podrían enmarcarse dentro de los delitos tipificados como descubrimiento y revelación de secretos.
"Estos derechos salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad", expone el magistrado Calama Teixeira en su auto.
En lo que respecta a la competencia, recuerda que la Audiencia Nacional conocerá del enjuiciamiento de las causas por "los delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno". Al respecto explica que el carácter de Sánchez y Robles en su condición de altos organismos de la Nación aparece "meridianamente claro", por lo que es este órgano el competente para estudiar la denuncia de la Abogacía General del Estado.
19 y 31 de mayo de 2021
Del mismo modo, desvela en su auto las fechas en las que se habría producido la "exfiltración" de información del teléfono del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa con el software israelí Pegasus. Según recalca, a la denuncia presentada por la Abogacía General del Estado, se acompañan sendos informe del Centro Criptológico Nacional según los cuáles el móvil del presidente del Gobierno fue infectado por Pegasus en dos ocasiones: el 19 y el 31 de mayo de 2019.
El informe del CNI precisa que se produjo este espionaje en su dispositivo, si bien actualmente "el móvil no presenta indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus". En relación al teléfono de la ministra Robles, se apunta a una "exfiltración de información del dispositivo" un poco después, en junio de 2021, aunque tampoco se aprecia que el presunto espionaje siga presente.
Así pues, el magistrado mueve ficha y se dirige a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que proponga diligencias a practicar en esta investigación que acaba de nacer y en el marco de la cual se abre la puerta a la personación en la misma de la Abogacía General del Estado. Sobre este punto el instructor explica que "reuniendo el denunciante el requisito de postulación, y habiéndose formulado denuncia" procede tenerle como personado.
Ghali y la crisis con Marruecos
Aunque el Ejecutivo se limitó a apuntar este lunes a la existencia de un "ataque externo" sin ofrecer más detalles al respecto, los hechos que ahora investiga la Audiencia Nacional se produjeron en plena crisis diplomática de España con Marruecos. La primera infección del teléfono del presidente del Gobierno tuvo lugar horas después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El movimiento lo impulsó Marruecos en respuesta a la recepción por parte de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
El mismo 31 de mayo -una de las fechas identificadas por el CNI- el presidente del Gobierno ofreció una rueda de prensa para responder a las duras acusaciones de Rabat por este asunto. En concreto, el Ministerio de Exteriores marroquí acusó al Ejecutivo de fomentar el separatismo y dio por rotas las relaciones bilaterales con España. Sánchez contraatacó asegurando que era "inaceptable" que Marruecos atacase Ceuta por "discrepancias" con el Sáhara Occidental.
En paralelo, en aquel momento la Audiencia Nacional preparaba la declaración de Brahim Ghali tras reabrir el magistrado Santiago Pedraz una causa iniciada en el año 2008 por los delitos de genocidio en concurso con asesinato, detención ilegal, terrorismo y torturas, entre otros. El 1 de junio Pedraz le interrogó por videoconferencia desde el hospital de Logroño, donde había ingresado en secreto en abril para tratarse de covid. Esa misma jornada, tras declarar en la Audiencia Nacional, se trasladó al aeropuerto de Pamplona, desde donde abandonó España rumbo a Argelia siendo ya la madrugada del 2 de junio.
