El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigados para el próximo enero a cinco exdirectivos del Banco Popular por supuesta estafa a inversores o falsedad contable a través de la presunta financiación a clientes para comprar acciones de la ampliación de capital de 2016.
En el auto, conocido este viernes, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 considera que esta conducta pudo estar orquestada por el ex consejero delegado del banco, Francisco Gómez, ya investigado, y el exdirector de banca minorista Antonio Pujol y el director de negocio de clientes, José Ramón Alonso, a los que emplaza para el próximo 12 de enero.
Según explica el magistrado, esta presunta práctica habría ocultado "el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio".
El auto se remite a las reuniones que estos altos directivos mantuvieron el 24 y 25 de mayo de 2016, los días previos a la ampliación, con los directores territoriales y regionales del banco.
García compareció ayer en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional en un breve interrogatorio de 20 minutos
En ellas, continúa, se perfiló la actuación comercial que se iba a desarrollar para que los clientes invirtieran en la ampliación de capital con financiación de la propia entidad, "a través de pólizas de crédito o préstamos", probablemente, "con un tipo de interés bonificado".
"Consentir actuación ilegal"
En este sentido, el juez considera que departamentos centrales del banco como el de intervención, riesgos y auditoría, "podrían conocer y consentir dicha actuación ilegal", motivo por el que también amplía el caso respecto al exdirector de riesgos José María Sagardoy, y los exdirectores de auditoría interna Jesús Arellano y Yolanda García.
Precisamente García compareció ayer en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional en un breve interrogatorio de 20 minutos que fue interrumpido por el juez al apreciar que había faltado a la verdad.
Recalcó que el manual de políticas contables de la entidad no prohibía esta financiación siempre que se descontara del capital
La exdirectora de auditoría interna explicó que su departamento únicamente revisó el proceso de comercialización con el objetivo de comprobar que cumplió con la normativa, y que se clasificó e informó adecuadamente a los clientes.
No prohibía la financiación
No obstante, recalcó que el manual de políticas contables de la entidad no prohibía esta financiación siempre que se descontara del capital.
La polémica se desató cuando afirmó que a finales de 2016, el que era hasta entonces su jefe, Jesús Arellano, le dijo que estaban realizando búsquedas sobre una posible financiación de acciones, y le pedía, sin éxito, que volviera de vacaciones.
Tal afirmación despertó el enfado del magistrado, que afeó a la exdirectiva que no suspendiera sus vacaciones pese a tratarse de un tema al que debería haber dado prioridad.
