El magistrado al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, rechaza seguir investigando la operación Kitchen. Coincidiendo con el arranque del primer juicio por la macrocausa Tándem, el instructor ha declinado las pretensiones de los principales investigados en esta pieza -incluido el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz- de investigar de donde salieron las órdenes para espiar a Luis Bárcenas por las pruebas comprometedoras que tenía sobre el Partido Popular. Al respecto, concluye que los indicios siguen apuntando a la excúpula del Ministerio del Interior.
El juez resuelve una a una las peticiones de los principales acusados en esta línea de investigación que concluyó a finales de julio relativa a la operación parapolicial impulsada contra el extesorero del PP. De este modo, desestima los recursos interpuestos por el exministro del Interior; su exnúmero dos Francisco Martínez; el chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva y el resto de mandos policiales implicados en estos hechos. Pese a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción -que pidió seguir investigando en aras a esclarecer si el encargo partió de la antigua cúpula del Partido Popular- el magistrado insiste en que los indicios les incriminan a ellos.
García Castellón resuelve en siete autos diferentes todos los recursos interpuestos contra su auto del pasado mes de julio en el cual archivó la causa para la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro y a su exjefe de gabinete José Luis Ortiz. En lo que respecta a Fernández Díaz, explica que las diligencias practicadas hasta la fecha le señalan como el responsable de este operativo que se desarrolló entre 2013 y 2015 y con el que sustrajeron a Bárcenas pruebas de la financiación irregular del PP.
“El entonces ministro del Interior, además de ser la persona que ejerció tal responsabilidad durante todo el periodo de ejecución del operativo policial ilícito, financiado con cargo a partidas de fondos reservados de su departamento y bajo la supervisión directa de su inmediato inferior jerárquico, el Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, mantuvo con éste comunicaciones directamente relacionadas con el volcado de los teléfonos pertenecientes a Luis Bárcenas que constituye uno de los momentos en que (…) el operativo desarrollado logró una parte de la documentación comprometedora que se buscaba”, reza el auto.
Pese a los intentos del exministro por demostrar que él no fue el autor de los mensajes intercambiados con Martínez en relación a la trama, el magistrado explica que sus propias periciales entregadas a la causa acreditan su plena autenticidad. De hecho, cierra la puerta a poner el foco en la excúpula del PP asegurando que se excluye “cualquier otra versión alternativa a la que reflejan los protocolos”. “La pericial practicada a instancias de la propia defensa estuvo muy lejos de acreditar la tesis de la no autoría de los mensajes de chat patrocinado por el investigado”, añade el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Operativo a espaldas del juez
En lo que respecta a Francisco Martínez, le responde que las diligencias de prueba solicitadas son extemporáneas e innecesarias en lo que a él respecta. De nuevo en su caso el magistrado recuerda la existencia de los mensajes intercambiados con el exministro sobre el operativo contra Bárcenas, además de la declaración de Enrique García Castaño. El exjefe de la UCAO y uno de los principales protagonistas del caso Tándem aseguró en sede judicial que la operación se impulsó por orden expresa del Ministerio del Interior.
Precisamente, García Castaño (también conocido como 'El Gordo') es uno de los acusados en esta pieza séptima del caso Tándem y que también recurrió el auto de su procesamiento. En su caso, García Castellón replica que no puede alegar que el objetivo era encontrar los fondos que Bárcenas ocultaba en el extranjero ya que la operación ilícita tenía otro fin muy diferente y por ello se hizo a espaldas de la autoridad judicial. Al hilo esgrime que es "escasamente significativo" que se apoderase o no finalmente de todas las pruebas que el extesorero popular ocultó en un almacén de su mujer Rosalía Iglesias.
"Una sola vez reconocida su participación en el ilícito volcado de los teléfonos de Luis Bárcenas, esta sola acción ya integraría el presupuesto fáctico para la atribución de las responsabilidades penales correspondientes", explica. Del mismo modo confirma la implicación en los hechos del exchófer de Bárcenas (que aseguró en sede judicial que la excúpula del PP estaba al tanto de esta operación) así como de los policías Andrés Gómez Gordo (exjefe de seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha), Bonifacio Díez Sevillano y José Ángel Fuentes Gago.
