El caso Neurona no encuentra perito para analizar la prueba estrella del procedimiento. El magistrado Juan José Escalonilla ha decidido echar mano de la Asociación de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid para poder localizar a un "perito capacitado" que valore la calidad de los trabajos que Podemos encargó a Neurona en los comicios electorales de 2019. El juzgado lleva desde noviembre sin poder impulsar esta diligencia clave para esclarecer si se infló o no el precio pagado a la consultora mexicana.
La renuncia del último perito designado por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid llevó al instructor del caso Neurona a recurrir a esta asociación, así como a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid para poder promover esta prueba del procedimiento. Según plasma en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el objetivo es encontrar un experto capacitado para poder realizar este peritaje independiente.
La negativa del último profesional designado para este cometido está retrasando una prueba clave para la causa ya que los trabajos electorales de Neurona se han convertido en epicentro de esta macrocausa contra la formación morada. El juez ya ordenó la práctica de esta diligencia en noviembre del año pasado y la volvió a ratificar en enero, cuando manifestó que esta prueba es muy importante en aras a esclarecer si el partido cometió delito electoral a tenor de las "discordancias" entre el contrato firmado con Neurona y las facturas abonadas.
Un único perito para Neurona
Escalonilla sostiene que se debe valorar "la totalidad de los servicios prestados por los trabajadores contratados por Neurona Consulting (registrada en España como Neurona Comunidad). Estos trabajos consistieron en 48 vídeos de la campaña, 48 diseños gráficos realizados por Waldemar Aguado Butanda, cinco imágenes elaboradas por Vicente León Camú y la cobertura de los siete actos electorales que cubrió la consultora para los comicios de noviembre de 2019.
Pese a que en un principio confió este encargo a dos profesionales diferentes (un diseñador gráfico por un lado y, por otro, un experto que valorase los actos electorales), en este último auto pide que la encomienda la lleve a cabo un único perito. Con ello demuestra que mantiene el foco en este asunto de la macrocausa, pese a que en los últimos meses ha ido archivando otras piezas del procedimiento (como el supuesto desvío de fondos de la caja de solidaridad del partido, el contrato electoral que se firmó con la consultora ABD o la reforma de la nueva sede de Podemos).
En el caso de Neurona sigue apreciando la posible comisión de delito electoral tras constatar que algunos de estos encargos a Neurona los realizaron los propios empleados del partido que entonces lideraba Pablo Iglesias. Así, en enero expuso que constaba "indiciariamente acreditado" gracias a las testificales prestadas por miembros del partido que Neurona Consulting no realizó la cobertura gráfica ni audiovisual de la campaña electoral a excepción de siete actos electorales.
Dudas sobre las facturas
También advirtió que lo relativo a la elaboración de las líneas estratégicas de la campaña electoral, el diseño de los productos y los spots de campaña eran, en realidad, un mismo servicio relativo a los vídeos que se publicaron en Facebook. Escalonilla también quiere que se valoren las ocho facturas que se emitieron por Creative Advance Interactive Group SA. Esta firma está bajo la lupa del juez y las acusaciones ante la sospecha de que se trató de una empresa pantalla radicada en una barriada de México y a la que se desviaron 270.000 euros de los 363.000 euros que abonó Podemos.
La formación los incluyó como gastos electorales según figura en la contabilidad presentada por Unidas Podemos ante el Tribunal de Cuentas, pero el magistrado insiste en que fueron los propios miembros del partido los que realizaron el grueso de este trabajo. La defensa de Podemos, por su parte, insiste en defender la realidad de los trabajos encargados a Neurona. De hecho, aportaron al juzgado una memoria externa con un total de 3.236 archivos y 165 subcarpetas que contenían billetes de avión, de hotel, el nombre de los trabajadores de la consultora que llegaron a España o también abundante documental electrónica.
El peritaje de Podemos
Escalonilla ordenó a la UDEF que analizase todo este material, además del contenido de una conversación mantenida entre la trabajadora de Podemos que se encargó de subir a Facebook los vídeos de la campaña y uno de los cargos de Neurona, Carlos Portillo. La Policía Judicial concluyó al respecto que no podía confirmar el vínculo entre esta consultora vinculada a la izquierda sudamericana y los trabajadores que vinieron a España para participar en los estudios electorales.
Pese a ello la formación decidió elaborar su propio peritaje de parte para tratar de disipar las sospechas sobre la realidad de este contrato. Así aportó tres informes: uno realizado por la empresa 5R (sobre una supuesta extracción de metadatos) y otros dos realizados por Areani Consulting. Esta firma estudió los contenidos difundidos desde la cuenta de Facebook de Podemos así como los chats intercambiados desde la ampliación Telegram.
El trabajo, no obstante, contó con el rechazo de algunas acusaciones que litigan en el procedimiento y que denunciaron que el administrador de Areani Consulting, Ramón Devesa, trabajó para una empresa que está en la actualidad investigada en la Audiencia Nacional por el presunto espionaje a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege reprochó que se presentara a Devesa como un perito independiente con años de experiencia pese a que no ha acreditado "ninguno de sus conocimientos".
Al magistrado Escalonilla no le vale este trabajo de parte y sostiene que es necesario realizar un peritaje independiente, encargado por el juzgado, que resuelva todas las dudas en relación a los trabajos contratados con Neurona y los pagos efectuados por dicha formación.
