El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón, ha suspendido la citación judicial del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados prevista para el próximo 20 de febrero, según informan fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes han precisado que todavía no hay fijado un nuevo señalamiento para continuar con el interrogatorio al presunto cabecilla de la trama, que solicitó declarar a voluntad propia. El pasado lunes Granados desgranó durante cerca de tres horas una dinámica de financiación irregular en el partido madrileño a cuyo frente estarían los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González.
El también exconsejero del Gobierno de Madrid precisó a preguntas del magistrado que existió una campaña "paralela" y "de refuerzo" para Esperanza Aguirre de cara a las elecciones de 2007 y 2011 y que se pagó través de gastos de publicidad que se cargaban a empresas de la Comunidad de Madrid.
Dijo que esta estructura estaba fuera del circuito legal del partido y apuntó a Ignacio González, presunto cabecilla de la trama Lezo, como el director de la misma. También dijo que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estaría dentro del núcleo conocedor de esta dinámica y que incluso se convirtió en "las manos, los oídos y la voz" de González, de acuerdo con el audio de su declaración judicial del pasado lunes.
Suspendidos los interrogatorios de Cofely
Esta segunda parte del interrogatorio se suspende "por razones de servicio", según las mismas fuentes, a la espera de que el juez instructor le vuelva a citar para declarar en el marco de esta pieza de la trama Púnica.
También se aplazan las citaciones a investigados en la pieza relativa a las presuntas irregularidades en la francesa Cofely. Únicamente se mantiene la del que fuera director de Desarrollo de la multinacional, Constantino Álvarez, fijada para el miércoles 21 de febrero a las 11.30 horas.
En su declaración del pasado día 8 de febrero, Álvarez confirmó la existencia de una práctica institucionalizada en la empresa para pagar determinadas cuantías a cargos públicos a cambio de contratos de eficiencia energética en municipios madrileños implicados en la trama.
