La Operación Edu sigue sumando imputados a un ritmo vertiginoso. En los dos días que lleva en marcha esta fase del dispositivo, bautizada como 'Eduende', los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han arrestado o imputado a 61 personas con una característica muy llamativa: la mayor parte de los mismos son o han sido altos cargos, funcionarios o trabajadores de la Junta de Andalucía que, de un modo y otro, intervinieron en la adjudicación de las subvenciones para la formación bajo sospecha. En concreto, 42, lo que representa cerca del 70% del total de las detenciones, según los datos procedentes de fuentes cercanas a la investigación que maneja Vozpópuli.
El primer día, la Policía detuvo a 24 personas relacionadas con la Junta. Este martes han sido 18. En total, en estas dos jornadas ha arrestado o imputado a 61 personas
El primer día de la operación terminó con 35 detenciones y tres personas más imputadas. De todos ellos, 24 habían tenido alguna responsabilidad en la concesión de estas ayudas en alguna de las 5 de las provincias andaluzas en las que la Policía esperar culminar durante estos días una investigación que lleva en marcha más de 2 años: Cádiz, Jaén, Málaga, Granada y Córdoba. Entre los detenidos del lunes se encontraban, además, antiguos altos cargos del gobierno autónomo. En concreto, los cinco ex delegados de Empleo de estas provincias entre los años 2010 y 2011, periodo en el que se dictaron las resoluciones con las adjudicaciones bajo sospecha.
Se trataba de Antonio Fernández Ramírez, exdelegado de Empleo en Córdoba y exalcalde socialista de Pozoblanco; Irene Sabaleta, que ocupó el mismo puesto en Jaén y que se hizo célebre recientemente al salir una grabación en la que instaba a los funcionarios a votar al PSOE si no querían perder su empleo; Marina Martín, de Granada; Juan Carlos Lomeña, de Málaga y miembro del Congreso de los Diputados en los años 90, y Juan Bouza, en Cádiz, como adelantó este diario el pasado lunes a primera hora. Junto a ellos también cayeron ese mismo día cinco jefes de servicio y varios jefes de departamento y técnicos de seguimiento, muchos de ellos ya fuera del departamento de Empleo. En total, 24 personas.
23 detenidos el segundo día
La jornada del martes, segunda de la 'Operación Eduende', ha seguido idénticos derroteros. Durante este día, la UDEF ha detenido a 23 personas (cinco personas en Córdoba, tres en Cádiz, cuatro en Jaén, seis en Málaga y cinco en Sevilla), de las cuales 18 eran técnicos del Gobierno andaluz, encargados de controlar los cursos en los que supuestamente se ha detectado fraude. El resto son empresarios o apoderados de las empresas que recibieron fondos para impartir los cursos. Según fuentes cercanas a la investigación, buena parte de los imputados se han escudado en la sobrecarga de trabajo para justificar que se diera luz verde sin objeciones al pago de las subvenciones, pese a las numerosas irregularidades y deficiencias de los expedientes.
La UDEF también ha citado a declarar como testigos a numerosos técnicos de la Junta. Su testimonio es calificado de "clarificador" sobre las responsabilidades de altos cargos y funcionarios
Estos 42 antiguos altos cargos, funcionarios y trabajadores de la Junta de Andalucía imputados no han sido, sin embargo, las únicas personas vinculadas laboralmente a la Administración autonómica que han sido citados estos días para acudir a las comisarías a declarar. Otro importante grupo de técnicos han sido llamados por la Policía en condición de testigos para que detallen quién daba las instrucciones sobre la forma de trabajar. Su testimonio, según las fuentes consultadas, esta siendo "clarificador" sobre el nivel de implicación en el fraude de los distintos cargos y funcionarios detenidos hasta ahora.
Empresas y particulares
Los 19 detenidos e imputados restantes son empresarios, diez de ellos de Sevilla, que resultaron beneficados con las subvenciones para la formación pese a no cumplir los requisitos. En concreto, los agentes han analizado adjudicaciones para la formación de desempleados concedidas en las ocho provincias andaluzas entre enero de 2010 y marzo de 2011, quince meses en los que estas subvenciones de la Junta estaban en su máximo apogeo. No obstante, el número de empresas investigadas varía de manera considerable entre unas provincias y otras. Además, algunas de ellas recibieron varias. Y en uno de los casos, incluso en dos provincias diferentes. Así, Córdoba es la que suma más mercantiles bajo sospecha: 31. En el extremo contrario, Málaga, con sólo 10, aunque en ésta ya se investigo una primera con 15 sociedades el pasado verano. Entre ambas, Sevilla y Huelva, con 26 cada una; Jaén y Granada, con 24; Cádiz con 21, y Almería con 16.
La 'Operación Eduende' es el colofón a la investigación de 177 empresas que se embolsaron 17,5 millones de euros de modo irregular para impartir cursos para parados
Algo similar ocurre con el dinero presuntamente defraudado. Así, el ranking de la provincia donde supuestamente más fondos públicos destinados a los cursos de formación se han esfumado ha sido Huelva, con 2.849.159,75 euros. Le sigue, a muy corta distancia, Sevilla, con 2.831.862,75 euros, y Jaén, con 2.726.913. También por encima de los dos millones de euros se sitúan Cádiz (2.384.184,75 euros) y Córdoba (2.319.911 euros). Por debajo de esta cifra, Granada, con 1.868.555,25; Almería, con 1.816.848,25; y, en último lugar, Málaga con sólo 703.650 euros. En total, 17.501.84,20 euros.
