"La declaración del estado de alarma no convierte al Ministerio de Sanidad en el empleador del personal sanitario". Jueces de lo Social coinciden en que las autoridades responsables de suministrar equipos de protección individual a los médicos son las comunidades autónomas. Así lo reflejan en las resoluciones judiciales que han tenido que dictar desde el pasado 14 de marzo a raíz de las reiteradas peticiones de material por parte de los sanitarios para hacer frente al coronavirus.
Según consta en los diferentes autos recogidos por Vozpópuli, la garantía de la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la "dotación de los medios de protección indispensables" corresponde a la "Administración empleadora", que aún durante el estado de alarma "sigue conservando sus competencias".
Varias comunidades autónomas han insistido ante los tribunales que tras el Real Decreto del 14 de marzo las medidas de prevención de riesgos laborales "han de ser suministradas por el Ministerio de Sanidad". Jueces de lo Social, sin embargo, consideran que las autonomías continúan "conservando sus facultades como empresario público en lo que respecta a las decisiones sobre su personal; entre las que indudablemente se encuentra la prevención de riesgos laborales".
Competencia de las comunidades
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este jueves a medios internacionales que "después de 37 años" Cataluña ha "perdido autonomía en el ámbito sanitario". No es la primera vez que carga de responsabilidades al Ejecutivo. La Generaliat ya culpó al Ministerio de Interior por la falta de equipos sanitarios para los Mossos d'Esquadra.
En un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, adelantado por Vozpópuli, el Govern usó el decreto del estado de alarma para justificar la falta de insumos en la policía autonómica. Los jueces, sin embargo, desestimaron el argumento y ordenaron el reparto inmediato de suministros. Asimismo, este jueves el TSJ catalán ha requerido a la Administración de Torra que, como autoridad competente, entregue material de protección y test de coronavirus al personal de una empresa de ambulancias.
Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León explica a la Consejería de Sanidad de dicha comunidad que si bien el artículo 4 del Real Decreto 463/2020 atribuye al departamento de Santiago Illa "la cualidad de autoridad competente delegada", el artículo 6 establece que cada Administración conservará las competencias que otorga la legislación vigente para la gestión ordinaria de los servicios.
Falta de material
Bajo el mismo argumento, el Juzgado de lo Social número 1 de León rechaza la reclamación de la Consejería de Sanidad. En el auto, de 6 de abril, el juez insiste en que existe un "deber de protección" por parte de las Administraciones públicas "respecto del personal a su servicio", en referencia concreta a los trabajadores del sector sanitario. En este sentido, el Juzgado de lo Social número 3 de Plasencia (Extremadura) recuerda a las comunidades autónomas que dicho deber "implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".
Ante las circunstancias actuales, hay magistrados que se han visto en la necesidad de matizar sus decisiones al tener en cuenta las limitaciones de cada Administración para adquirir y suministrar material. Tal es el caso de la titular del Juzgado de lo Social número 5 de Valladolid, que este jueves revoca un auto en el que solicitaba al Gobierno de Castilla y León la entrega de equipos de protección. Desde la Administración autonómica explicaron que los pedidos realizados aún no habían sido recibidos; la juez entendió que la medida cautelar acordada "resultaba de ejecución imposible".
En algunos Juzgados se ha planteado el debate sobre la idoneidad de acudir a los tribunales para reclamar a las autoridades la entrega urgente de material sanitario de protección para hacer frente al coronavirus. Pero incluso aquellos en los que se desestiman las peticiones de los sindicatos porque "no es posible reconocer el derecho a todos (...) los trabajadores que prestan servicios esenciales", admiten que las comunidades autónomas son las responsables como empleadoras de cumplir con la Ley de Riesgos Laborales.
