La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de otro miembro de ETA al que Instituciones Penitenciarias otorgó el tercer grado. Se trata de Íñigo Gutiérrez Carrillo, condenado a 14 años de prisión por los delitos relacionados con terrorismo. Se trata del tercer caso en el que la Justicia devuelve a la cárcel a un etarra al que el Ministerio del Interior concedió permisos penitenciarios.
La asociación Etxerat de familiares de presos de ETA ha anunciado la decisión de la Audiencia Nacional que supone que Íñigo Gutiérrez vuelva al segundo grado. O lo que es lo mismo, la obligación de volver al centro penitenciario en el que cumplía condena, apenas dos semanas y media después de que fuera acercado en tercer grado al Centro de Inserción Social (CIS) de Zaballa.
Gutiérrez Carrillo ingresó en prisión el 27 de julio de 2008 con una condena de 14 años por los delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y municiones, de acuerdo a la información que facilitó el Ministerio del Interior cuando aprobó su traslado de la prisión de Valencia al Centro Penitenciario Madrid VI.
La Audiencia Nacional pone el foco en las condiciones que deben cumplir los terroristas para acceder a los beneficios penitenciarios. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ya denunció que la mayoría de los traslados de etarras se había aprobado en base a "falsas cartas de arrepentimiento" de los etarras.
Dos casos similares en ETA
Como contó Vozpópuli, la Audiencia Nacional tomó una decisión idéntica la semana pasada relacionada con el terrorista Jon Crespo, condenado a 25 años de prisión, quien regresó a la cárcel de Basauri. El entorno de los presos de ETA se manifestó este fin de semana en contra de la decisión tomada por la Justicia. Lo mismo ocurrió en septiembre de 2020 con el etarra Unai Fano.
El auto de la Audiencia Nacional se conoce en un momento marcado por las últimas revelaciones hechas por la Guardia Civil sobre los contactos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el entorno de los presos de ETA para gestionar su situación penitenciaria. Uno de los nombres que se repiten en el informe del Instituto Armado es el de Ángel Luis Ortiz, director de Instituciones Penitenciarias, con dependencia orgánica del Ministerio del Interior.
Fernando Grande-Marlaska ha defendido este lunes que la política penitenciaria se aplica de acuerdo a la Ley y enmarcó las conversaciones en los habituales "encuentros con colectivos de distintos presos" en las cárceles españolas.
