Del caso Koldo a Begoña Gómez: la Fiscalía cierra filas con los imputados y abre la vía para investigar las filtraciones

La Fiscalía de Madrid mueve ficha contra las filtraciones en el caso Begoña Gómez y atribuye un posible delito de revelación de secretos a una de las acusaciones populares. La posición marcada por el Ministerio Público, en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recuerda a la denuncia interpuesta ante este mismo órgano en el marco del caso Koldo, después de que el diputado José Luis Ábalos pidiera a la Fiscalía General del Estado que investigase la filtración de documentos e información confidencial sobre él y terceras personas con las que había mantenido algún tipo de comunicación.

Ante el 'boom' mediático del 'caso Koldo' y la causa que sigue el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra la mujer del presidente del Gobierno, la Fiscalía cierra filas con los imputados y abre la vía para investigar a las partes por la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas. De este modo, el Ministerio Público pone de nuevo el foco sobre la actuación de las acusaciones populares, puesta en duda hace apenas unos días por el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Durante su discurso de apertura del nuevo año judicial, García Ortiz arremetió contra esta figura procesal y pidió limitar su actuación aludiendo a que esta podía "repercutir en la calidad de la Justicia". Una figura clave en muchos casos y sin la cual no se hubiera abierto una investigación, por ejemplo, contra Begoña Gómez o David Gómez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ahora, la Fiscalía de Madrid apunta directamente a uno de los letrados del 'caso Begoña Gómez' "sobre el que sí que se aportan indicios claros de la comisión del delito previsto en el artículo 466 del Código Penal", relativo a la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas. Este escrito nace a raíz de la querella presentada por el periodista Máximo Pradera contra el juez Juan Carlos Peinado; la Fiscalía se opone a su admisión a trámite al entender que no se aporta ninguna prueba sobre el supuesto delictivo denunciado.

Fiscalía interpone una denuncia tras la queja de Ábalos

En el caso de Ábalos, la Fiscalía ha ido un paso más allá y ha llegado a interponer una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid. El Ministerio Público recogía en su escrito la reclamación del exministro de Transportes en el que apuntaba la comisión de un presunto delito de revelación de secretos. Según fuentes judiciales, la denuncia de la Fiscalía ha dado lugar a la apertura de un procedimiento judicial dirigido por el Juzgado de Instrucción Número 33 de Madrid.

Por su parte, el exsecretario de organización del PSOE detallaba en su escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado que se estaban publicando en medios datos "con sistemática precisión... cuyo conocimiento obviamente sólo es posible por información recabada en registros administrativos y policiales". Datos relativos a su vida privada, como algunos de los viajes realizados por el diputado entre 2018 y 2019 -época en la que estaba al frente del Ministerio de Fomento- y dónde este estuvo alojado.

El grueso de la denuncia de Ábalos hacía referencia a que dichos hechos, a juicio del diputado, nada tienen que ver con los hechos investigados en el marco del caso Koldo, lo que estaba ocasionando un "daño enorme" a su reputación. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno descarta, al igual que Anticorrupción, actuar contra el exministro al entender, por el momento, que no hay indicios suficientes para imputarle.

La posición de la Fiscalía respecto a la actuación de las acusaciones populares en casos de gran relevancia mediática ha sido criticada por juristas y asociaciones de jueces. Expertos consultados por Vozpópuli critican que García Ortiz dedicara parte de su discurso de apertura del año judicial para arremeter contra el papel de la acusación popular, en un momento en el que la sombra de la imputación -precisamente por revelación de secretos- sobrevuela sobre la cabeza del fiscal general.