Los juzgados de Violencia sobre la Mujer sufrirán importantes cambios a partir del próximo verano. Mientras los socialistas luchan por aprobar el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, vetado hace una semana por el Partido Popular en el Senado, cientos de magistrados especializados en violencia de género miran con temor la letra pequeña de la norma. El texto legislativo impulsado por los de Sánchez modifica y añade nuevas competencias a este tipo órganos especializados, lo que provocará una importante sobrecarga de trabajo en muchos de estos juzgados.
La norma que ahora vuelve al Congreso de los Diputados, donde salió adelante con el visto bueno del Gobierno y sus socios, atribuye nueva competencias a estos juzgados en desarrollo de la Ley Orgánica de Garantías Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'sólo sí es sí'. El texto legislativo impulsado en su día por el Ministerio de Irene Montero recogía que en menos de un año los Juzgados de Violencia sobre la Mujer debían acoger la instrucción de delitos contra la libertad sexual.
Ahora, la ley impulsada por Félix Bolaños cumple con lo prometido y otorga a las secciones de violencia sobre la mujer la investigación de procesos "para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer o menor". En este sentido, la nueva norma va un paso más allá e incluye también la instrucción de aquellos delitos de trata con fines de explotación sexual.
Magistrados y funcionarios alertan de que la nueva ampliación de competencias en las Secciones de Violencia sobre la Mujer puede provocar el "colapso total" de varios juzgados que por naturaleza ya cuentan con una importante carga de trabajo. Las voces consultadas por Vozpópuli denuncian que desde el punto de vista práctico para ampliar las competencias a instrucciones complejas, como por ejemplo aquellas relacionadas con la trata de mujeres para la explotación sexual, se necesita dotar a los juzgados de más medios.
"Son procedimientos muy complejos, normalmente con muchas personas enjuiciadas y varias víctimas, que ahora van a ir a un mismo órgano. A esto se suma el hecho de que un juzgado de violencia sobre la mujer dedica como mínimo unas dos horas por víctima, algo que no ocurre en otro tipo de juzgados de instrucción", comenta el jurista Juan Moreno Yagüe. En la misma línea, el exdiputado del Parlamento andaluz apunta a la necesidad de crear más juzgados de violencia sobre la mujer si finalmente el proyecto de ley orgánica impulsado por los socialistas se aprueba en el BOE sin nuevos retoques.
Otra de las voces consultadas, magistrada de un juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla, denuncia que la carga de trabajo que van a recibir este tipo de juzgados va en detrimento de las propias víctimas para los que fueron creados en el año 2005. "Estos juzgados ya tienen una carga de trabajo superior a la del resto. Ahora van a coger todo lo que hasta ahora llevan los juzgados de instrucción de diferentes partidos judiciales. Todo en un mismo órgano con el mismo personal. Eso es un colapso total", sentencia.
"La víctima de violencia de género queda diluida, es una más de todas las víctimas, y hablamos de mujeres que exigen por la propia naturaleza de los delitos una atención personalizada", explica. La magistrada expone que la forma de trabajar en un juzgado con una mujer que ha podido ser víctima de maltrato físico o psicológico requiere de más tiempo y una atención especializada y que, además, a esto se suma todo aquello relacionado con la jurisdicción civil como puede ser el trámite de un divorcio, la custodia de los hijos o la tramitación de una orden de alejamiento.
En este sentido, la nueva norma redactada por el Gobierno y sus socios deja varias grietas por cubrir, sobre todo, en dotación presupuestaria. Según detalla la magistrada, la ley del 'sólo sí es sí' hablaba de poner sobre la mesa más medios, algo que parece no haberse cumplido en el caso de la nueva ley de eficiencia judicial que podría ver la luz en las próximas semanas.
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