Una abogada impulsa en el Congreso la creación de juzgados especializados en violencia sobre la infancia

La violencia ejercida sobre los menores nace habitualmente de su entorno más cercano. La familia constituye el primer contacto de un niño con el mundo y, por tanto, se convierte en su medio natural de desarrollo, por lo que todo lo que ocurra en esta primera etapa de crecimiento les marcará para siempre. Los menores son uno de los colectivos más vulnerables y a la vez uno de los más desprotegidos por la sociedad. Por ello, diferentes expertos están de acuerdo con que los niños deben recibir una atención especializada, también en el terreno judicial.

La asociación ACJEVIA, liderada por la abogada Sofía Maraña, ha impulsado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para la creación de juzgados especializados en violencia sobre la infancia. Una necesidad que diferentes juristas vienen reclamando desde hace tiempo y que se puso sobre la mesa con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021. La norma impulsada por los morados nació con el compromiso de crear este tipo de juzgados en el plazo máximo de un año, dos años después, el texto continúa en periodo de enmiendas.

La Cámara Baja tendrá que esperar como mínimo hasta mediados del mes de septiembre para poder votar en Pleno tanto las enmiendas elaboradas por esta asociación, como las presentadas por el PSOE. A diferencia de lo que ocurrió en la legislatura pasada, en la que Podemos lideró el debate entorno a la necesidad de especializar a juzgados y jueces en materia infantil, en esta ocasión, la iniciativa viene marcada por la labor realizada por la letrada Sofía Maraña, gracias a la cual el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia contará con un apartado específico en materia de violencia contra la infancia y adolescencia.

El principal objetivo es evitar la revictimización de los menores que sufren o hayan sufrido un caso de agresión sexual o maltrato ya sea en el entorno familiar o por parte de otro menor. Las ventajas de la creación de este tipo de juzgados "son que cuando un menor ponga una denuncia se le va a atender de manera rápida y con personal especializado. Es decir, el psicólogo, el juez, el fiscal van a estar especializados como ocurre en los juzgados de violencia sobre la mujer", explica la letrada.

Sobre la disposición de este tipo de operadores jurídicos especializados cabe señalar cómo influye en ocasiones la falta de personal. Y es que, como explica la propia abogada, en los juzgados de Madrid sólo trabajan tres psicólogos forenses para 60 juzgados, lo que provoca que muchas denuncias se archiven. Un retraso en la Justicia que deriva en la revictimización de los más pequeños que tiene que se ven expuestos a repetir su historia en más de una ocasión.

Por ello, la penalista y experta en derecho de familia defiende que se incluya en la ley orgánica impulsada en el Congreso el uso de una cámara Gesell, a fin de que se grabe la declaración de los menores y, por tanto, no tengan que repetirla ante los diferentes operadores jurídicos. Asimismo, la asociación está a favor de que se pongan a disposición de las víctimas juzgados de guardia al igual que ocurre con las mujeres maltratadas.

Competencia de los juzgados de violencia sobre la infancia

En este sentido, las enmiendas presentadas en la Cámara Baja van en la línea favorecer que los juzgados de primera de violencia sobre la infancia cuenten con unas condiciones similares a las de los de violencia sobre la mujer. "Yo también lo que quiero es que estos juzgados nos sólo tengan competencia en el orden penal, no sólo para delitos de maltrato y agresiones sexuales, sino que también en el orden civil, que también sean competentes en materia de familia. De manera que el juez que conoce el procedimiento principal pueda actuar a todos los niveles", comenta la abogada.

Respecto a la posibilidad de que se produzca un choque de competencias con los juzgados de menores infractores que critican algunos expertos, Maraña expone el ejemplo del juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el primero creado en España. El modelo implantado en este juzgado ha marcado los primeros pasos a seguir en esta materia, y es que actúa en todos los casos de agresión sexual contra menores, aunque haya sido perpetrado por otro menor.

Ahora, la idea es ir un paso más allá y que este tipo de casos sean asumidos por los juzgados de violencia sobre la infancia con independencia de quien sea el agresor o del delito, siempre y cuando la víctima sea un niño o adolescente. No obstante, entre las enmiendas elaboradas por la asociación también se incluye un segundo supuesto, y es que, cuando un menor se vea envuelto en un caso de violencia de género contra la madre, la competencia recaería sobre el juzgado de violencia sobre la mujer.

El primer paso para un cambio social

Sofía Maraña entiende que la implantación de este modelo de especialización que nacerá con la creación de juzgados supondrá el primer paso para "un cambio de mentalidad de la sociedad". Según un estudio de Save The Children, "el 83,3% de los españoles no considera violencia dar un cachete como un castigo". Respecto de las agresiones sexuales a menores, afecta a un 23% de la población femenina y a un 15% de los niños y en ocho de cada diez casos el agresor es una persona conocida o del entorno familiar. Hechos como estos causan una importante cicatriz emocional que, en ocasiones, causan la disolución de los vínculos familiares más básicos.

La experta apunta a los datos de suicidio en España, donde once personas se quitan la vida al día. Muchas de estas personas fueron objeto de maltrato o agresión sexual por parte de sus principales figuras de dependencia.

Este y otros datos ponen de manifiesto la necesidad de que se pongan en marcha todas las medidas prometida por la Ley de infancia aprobada en 2021. Tras tres años sin que se materialice la creación de los juzgados de violencia sobre la infancia, el PSOE ya ha dado los primeros pasos con la presentación de enmiendas. Además, existe un compromiso por escrito del Secretario de Estado de Justicia, D. Manuel Olmedo.