La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado la apertura de juicio oral respecto del ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y otras diez personas por presunta administración desleal en operaciones supuestamente irregulares en el Caribe.
En el auto conocido hoy, la magistrada requiere a los acusados para que presten, de forma conjunta y solidaria, una fianza de 37,3 millones de euros en el plazo de 24 horas, cantidad a la que suma otros 15,5 millones a abonar por los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó por los seis delitos fiscales que les atribuyen las acusaciones.
Sobre éstos pesan las solicitudes más elevadas de la Fiscalía Anticorrupción, 22 años de cárcel, 18 de los cuales por delitos contra la Hacienda Pública entre 2008 y 2013, y 23,6 millones de euros de multa.
No obstante, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional respecto a otros dos procesados, Dolores Mataix y José Manuel Uncio, al no formalizar ni la fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) escrito de acusación alguno contra ellos.
López Abad
La presente causa investiga operaciones de crédito presuntamente irregulares entre la CAM y la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, hechos por los que el Ministerio Público pide hasta cuatro años de prisión para López Abad.
El pasado mayo, la titular del juzgado central de Instrucción número 3 ya comunicó el procesamiento a los exdirectivos por unas actuaciones "sospechosas", realizadas fundamentalmente en México y República Dominicana.
Remitía al informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advertía de "irregularidades comunes", entre otras, la documentación previa, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP -participada de la CAM- o los "muy deficientes" estudios de mercado y jurídicos sobre los terrenos.
A tenor de las pesquisas, López Abad y el también acusado Daniel Gil, entonces director general de Empresas y para quien la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel, habrían consentido que estos empresarios "dispusieran de elevadas cantidades económicas" contribuyendo a "generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".
Asimismo se sentará en el banquillo el que fuera director económico de Valfensal Francisco Climent, sobre quien pesa una petición de 12 años de cárcel como cooperador necesario de los delitos fiscales.
También el ex director general de TIP Vicente Sánchez y el ex director de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, contra los que sólo presenta cargos el FGD -que en 2012 interpuso la querella que inició la causa-, cuatro años de prisión o multa del triple del beneficio obtenido (64 millones de euros).
Lo mismo sucede con los exdirectivos de la CAM Juan Ramón Aviles, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, absueltos hace casi tres años de cualquier responsabilidad por la Audiencia Nacional en el caso del cobro de dietas.
Respecto a la responsabilidad civil, el fondo pide que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria con 28 millones de euros, una cuantía de la que habría de responder subsidiariamente Valfensal a través de su aseguradora Caser hasta el límite máximo.
Según figura en el auto, la Fundación Obra Social de Caja Mediterráneo ha presentado un escrito apartándose de la causa aunque sin renunciar al resarcimiento del perjuicio que, una vez dictada sentencia, pudiera acordarse.
El 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras intervenir la CAM, designó al FROB como administrador provisional; las pérdidas fueron asumidas por el FGD a través de una inyección de capital público de 5.249 millones de euros antes de su venta al Sabadell.
